Madre pide a un general que levante ayuno
Caracas/Notimex La venezolana Nelly González, madre del general retirado Antonio Rivero, detenido hace 16 días en una sede policial caraqueña, visitó ayer a su hijo y le solicitó levantar la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 27 de abril.
José Vicente Rivero, hermano del general retirado, informó a periodistas sobre la visita que realizó su madre al oficial retirado en su sitio de reclusión y lamentó que ella tuviera que pasar este Día de las Madres “en medio de un profundo dolor”.
El hermano del dirigente del opositor partido Voluntad Popular (VP) destacó que su madre le pidió que levante la huelga de hambre por el bienestar de su salud, pues el exdirector nacional de Protección Civil presenta mareos, descompensación, anemia y delgadez.
Añadió que desde hace una semana no han tenido comunicación con el general retirado y agregó que tiene prohibida la entrada a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), donde se encuentra detenido desde el sábado 27 de abril.
José Vicente Rivero resaltó que su madre no ofreció declaraciones a los medios por su estado de salud, pero en su nombre agradeció la cobertura de su visita al general en ayuno.
“Antonio está a la expectativa de lo que pueda suceder con su juicio. Estamos esperando la admisión del tribunal de control en cuanto a la apelación por su libertad. Lo que nos queda es orar y mantenernos en pie de lucha por su liberación”, advirtió.
El general retirado, fue privado de libertad por agentes de inteligencia el 27 de abril pasado y ese mismo día se declaró en huelga de hambre como medida de protesta.
Voluntad Popular indicó que Rivero ha sido objeto de una persecución política que busca extenderse a toda la dirigencia opositora de Venezuela.
Recordó que al militar y dirigente político se le imputa el delito de asociación para delinquir, tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por el simple hecho de pertenecer a VP.
La colectividad respaldó por ello una solicitud de aplicación de la Carta Interamericana Democrática, planteada por la opositora Mesa de Unidad Democrática, dada la violación a los derechos fundamentales y la “evidente” falta de independencia de los poderes públicos.
