Intromisión gubernamental
El poder del gobierno federal tiene que estar equilibrado con la protección constitucional del individuo. De lo contrario, corre el riesgo de politizar sus funciones básicas y de convertirse en una fuerza avasalladora de libertades civiles.
Este es el caso de la intervención y grabación por parte del Departamento de Justicia de los teléfonos usados por periodistas de la Prensa Asociada para descubrir una filtración considerada de seguridad nacional. Como lo es el señalamiento específico por parte del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) de organizaciones políticas entre ellas el Tea Party para ser auditadas.
En ambos casos, estos son entremetimientos inaceptables que la administración Obama tiene que responder con claridad y energía.
En el primer caso, se debió pedir inicialmente la colaboración de la AP en la pesquisa sobre una filtración noticiosa que puso en peligro a una fuente de inteligencia en Yemen. Es razonable que se realice una investigación agresiva ante la seriedad del caso, eso no significa que se tire una red sobre de cenas de teléfonos de periodistas para pescar información.
Este tipo de acción tiene un efecto intimidatorio al querer irrumpir una relación, entre el periodista y su fuente confidencial básica que permite el flujo de información al público.
En el segundo caso, el uso del IRS con fines políticos no es nuevo, pero no por eso tolerable. Es un abuso de poder que destruye la credibilidad necesaria que debe mantener el IRS y un hostigamiento ilegal basado en motivos político condenable por donde se lo mire.
Habrá explicaciones técnicas dentro del IRS, pero no hay justificación alguna para la selectividad de accionar específicamente contra rivales políticas. La investigación de este hecho debe ser exhaustiva y los responsables no deben continuar en sus cargos.
Las acciones como las del Departamento de Justicia y del IRS alimentan la imagen de un gobierno federal fuera de control, parecido al estereotipo retratado por grupos conservadores. Urge que se realicen las investigaciones necesarias y se tomen los pasos requeridos para que la Casa Blanca deje en claro que estos son excesos inaceptables.
ImpreMedia/La Opinion
