Militares contra el hampa en Venezuela

EDITORES: Con AP Fotos.

PETARE — Soldados con cara de malos, rifle en mano, ordenan detenerse a un desvencijado Chevy Caprice en la entrada de esta barriada de las afueras de Caracas.

Mientras le alumbran la cara, el conductor se baja del auto y coloca sus manos en el techo del vehículo, y los soldados lo registran en busca de drogas o armas.

No le encuentran nada y el jefe de la unidad hace un gesto autorizándolo a seguir su rumbo hacia el interior del Petare, uno de los barrios más peligrosos de la capital venezolana, una ciudad estremecida por la violencia.

Escenas como esta se repiten de día y de noche desde el lunes en decenas de retenes militares con los que el gobierno socialista trata de contener la violencia.

Los detractores del gobierno describen la iniciativa como una farsa política que puede derivar en abusos a los derechos humanos, sin tener el menor impacto en la delincuencia. Para muchos residentes de esos barrios, cansados de ser aterrorizados por pandillas armadas, la presencia de soldados en las calles es bien vista, reflejo de un gobierno fuerte.

“Hay que actuar con energía para que la gente sienta la fuerza del estado”, declaró Irving García, un hombre de 47 años que no tiene trabajo y que, como tantos otros caraqueños, ha experimentado la violencia en carne propia. Dice que recibió un balazo en el pecho durante un robo un restaurante. La bala le rompió el esternón, indicó.

Con unos 15,000 asesinatos por año, la tasa de homicidios de Venezuela es la quinta más alta del mundo, según estadísticas de las Naciones Unidas. Esa tasa se duplicó durante los 14 años de Hugo Chávez en el gobierno, en los que se combinaron un fácil acceso a las armas con un sistema judicial ineficiente, alimentado por una cultura de violencia en barrios como Petare, a partes del cual ni la policía se anima a entrar.

Defensores de los derechos humanos temen que la decisión de asignarles tareas policiales a soldados entrenados para la guerra empeore las cosas.

“Va a agravar la situación lamentablemente porque el ejército no está preparado para atender las situaciones de seguridad ciudadana, afirmó Liliana Ortega, directora de la agrupación de derechos humanos COFAVIC. “Hemos tenido varios casos emblemáticos en los que el uso de las fuerzas armadas han dado como resultado el uso desproporcional de la fuerza”.

Mencionó los disturbios de 1989 conocidos como el “caracazo”, en los que murieron 300 personas, y una revuelta en una prisión de Caracas en 1992 que dejó 63 reos muertos.

Los soldados, que trabajan conjuntamente con la Guardia Nacional y la policía nacional, pueden hacer arrestos, pero deben entregar los detenidos a las autoridades civiles. Cualquier posible abuso a los derechos humanos debería ser juzgado por tribunales civiles, según la constitución.

Algunos en Petare dijeron que el éxito de la iniciativa dependerá no solo de la capacidad de los soldados de capturar delincuentes sino de que se ganen la confianza de los residentes.

“Debe haber un plan de acción hacia las comunidades, que los integre a ellas”, declaró Carmen Aponte, de 47 años.