Inquilinos se niegan a ser desalojados

Inquilinos se niegan a ser desalojados
Teodora Cano, inquilina, muestra una carta de desalojo.
Foto: EDLPFotos: Zaira Cortés

Nueva York — Cientos de inquilinos de El Barrio se niegan a ser desalojados y exigen a su nuevo casero no más acoso, rentas elevadas y discriminación por su estatus migratorio.

“¿Mamá, nos vamos a quedar sin casa?”, fue la pregunta que obligó a la mexicana Teodora Cano a defender su hogar, situado en 1469 de la Quinta Avenida. La madre de tres niños indicó que el nuevo propietario de su edificio, la empresa Liberty Place Property Management, busca desalojarla recurriendo al acoso.

“El nuevo dueño nos quiere echar porque tenemos renta controlada. Mi familia vive aquí por una década”, dijo la trabajadora doméstica. “El propietario es avaro y busca traer inquilinos ricos que puedan pagar lo que pide”.

La mujer enfatizó que la compañía le requirió que firmara una carta en inglés en la que aceptaba dejar el departamento.

“Yo no sé inglés, dijeron que me regalarían tres meses de renta y la mudanza, con tal de que me fuera. Me están presionado para que firme”.

Residentes expresaron que la compañía adquirió en marzo seis edificios en El Barrio, West Harlem y El Bronx. Con el cambio de administración inició la lucha de las familias por no ser desalojadas. Según los afectados, el propietario exige un estatus migratorio legal y un ingreso mínimo de $40, 000 como requisitos para continuar arrendando los departamentos.

“Somos familias pobres que ganamos menos de $10, 000 anuales”, dijo María Aguirre, inquilina por siete años. “Me hacen preguntas acerca de mi estatus migratorio y tratan de echarme cobrándome rentas altísimas, me dicen que les debo mucho dinero”.

Aguirre mostró documentos que indican una renta controlada de $1, 300; sin embargo, el nuevo casero le cobra más de $5,000.

Juan Haro, fundador de Movimiento por Justicia de El Barrio, una organización que ofrece defensa en asuntos de vivienda, comentó que la mayoría de inquilinos son de origen mexicano, ecuatoriano y dominicano.

El activista destacó que unos siete inquilinos del edificio en 1469 de la Quinta Avenida firmaron cartas de desalojo en inglés, sin servicio de traducción.

“Al ser cuestionados por su estatus migratorio, algunos residentes tuvieron miedo y cedieron al acoso del nuevo propietario”, dijo Haro. “Incrementar cinco veces el costo de la renta, aunque es controlada o estabilizada, es parte de la presión para echar a familias con niños y ancianos”.

El Departamento de Preservación y, Desarrollo de Vivienda (HPD) destaco que en casos de acoso los inquilinos y familias afectadas deben presentar una queja en la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR) y la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York.

Según el DHCR, es ilegal que un casero acose a sus inquilinos para obligarlos a mudarse de su departamento. Los ejemplos de acoso incluyen negarse consistentemente a proveer servicios y la intimidación física o psicológica persistente.

Múltiples llamadas a la empresa en busca de comentarios no fueron respondidas de inmediato.