Portillo clama su inocencia

Manhattan — El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo se declaró ayer inocente de los cargos de malversación y lavado de dinero que se le presentaron en la corte federal.

“Este es un caso de hace 12 años, que estuvo políticamente motivado en Guatemala y del que fue declarado inocente. Esperamos que como allí sea declarado inocente aquí”, dijo David M. Rosenfield en un comunicado conjunto en nombre de los cinco abogados, de dos bufetes, que están a cargo de la defensa.

El juez Robert Patterson dio un plazo de cuatro semanas, hasta el 28 de junio, a la fiscalía para que entregue copia de las evidencias a los abogados de Portillo. A partir de esa entrega estos tienen hasta cuatro semanas para presentar mociones, la fiscalía hasta tres para responderles y finalmente otras tantas para que el juez decida sobre las mismas.

Tampoco se fijó fianza ni fecha para la misma. “Estamos preparando un paquete de fianza pero tenemos que contactar un número de personas en las próximas dos semanas”, declaró Rosenfield refiriéndose a familiares y amigos de Portillo dispuestos a avalarle con sus bienes y que además sean aceptables para el gobierno estadounidense.

Rosenfield pidió al juez se tenga en cuenta las condiciones de salud de su cliente: problemas cardiacos y liquido en los pulmones y se le provea de algún tipo de ventilador. Portillo que fue extraditado el viernes de Guatemala, llegó a Estados Unidos acompañado de un doctor y una enfermera ya que se encontraba convaleciente en un hospital militar, aunque no se dieron detalles sobre su situación médica.

Portillo, de 61 años, fue presidente en el periodo 2000 al 2004 y poco después de perder la reelección se le retiró la inmunidad, refugiándose en México. En el 2008 fue extraditado a Guatemala a petición del actual presidente Otto Pérez Molina que entonces era el Comisionado de Seguridad en el gobierno de Oscar Berger. Portillo enfrentó cargos de corrupción pero los tribunales le exoneraron argumentando que la fiscalía no había presentado suficiente evidencia.

En el año 2010 los Estados Unidos presentaron las acusaciones y en el 2011 el Tribunal Constitucional de Guatemala autorizó su extradición. Según el pliego de cargos Portillo supuestamente lavó $70 millones en cuentas bancarias estadounidenses. Entre los esquemas que se detallan figura la malversación de $2.5 millones donados por el gobierno de Taiwán a Guatemala destinados a bibliotecas escolares. De ellos más de un millón fueron desviados a través de transferencias para ocultar la fuente de origen. También se le acusa de delito de peculado del equivalente a $15,430,000, del Ministerio de defensa, delito por el que ya fue juzgado y absuelto incluso en la corte de apelaciones en Guatemala.

Entre las supuestas maniobras utilizadas en su esquema de malversación y lavado de dinero estaría el hacer depósitos en cuentas de familiares en el extranjero lavando el dinero por medio de transacciones financieras en varios países y finalmente ingresándolo en cuentas en Miami.

El fiscal Preet Bharara, a cargo de la corte federal, acusó a este de “hacer de la Presidencia un cajero automático personal”, cuando en el 2010 solicitó su extradición.

Portillo por su parte ha calificado su extradición de “secuestro” y que sus derechos han sido violados durante el proceso No obstante declaró a los medios en Guatemala que “confía en un proceso justo en Estados Unidos”. De ser declarado culpable podría ser condenado a 20 años de cárcel.

Presente en la corte se encontraba el cónsul general de Guatemala en Nueva York, Oscar Adolfo Padilla.

“Hemos estado pendientes desde su llegada…. brindándole la asistencia consular que como ciudadano guatemalteco tiene derecho a recibir… mi papel como cónsul es velar que se respete el debido proceso”, afirmó en rueda de prensa a la salida de la corte.

Para el abogado guatemalteco Mauricio Berreondo, que llegó el domingo a Nueva York y se incorporó al equipo de la defensa, donde no ha habido el debido proceso ha sido en Guatemala. “Si esto se puede hacer contra un expresidente ¿qué pueden hacer con los otros guatemaltecos?”.

Berreondo denunció que se le extraditara sin haber agotado todos los recursos legales, que los jueces negaran que existieran apelaciones pendientes cuando las había y que no renuncien a su inmunidad para ser juzgados.

Asimismo denunció que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala no hubiese venido a Nueva York a velar por el proceso debido a Portillo.