Piden justicia en el caso de Anastasio Hernández

Piden justicia en el caso de Anastasio Hernández
Fotografía sin fechar facilitada por la familia de Anastasio Hernández Rojas, inmigrante indocumentado mexicano que murió en Chula Vista en un hospital a donde llegó con un diagnóstico de muerte cerebral. El inmigrante, que iba a ser deportado tras vivir 27 años en Estados Unidos, fue golpeado por patrulleros fronterizos el 28 de mayo de 2010, quienes le aplicaron descargas eléctricas aun cuando ya no ofrecía resistencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Foto: Archivo EFE

SAN DIEGO (EFE).— A tres años de la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández a manos de agentes fronterizos, familiares y activistas pidieron justicia ayer en San Diego en un caso que aún no se ha resuelto.

Los padres de Hernández llegaron esta semana a la ciudad, procedentes de San Luis Potosí, México, para participar en la vigilia en memoria a su hijo que se llevaría a cabo en la última estación del trolley de San Ysidro, a unos pasos de donde fuera brutalmente golpeado aquella noche del 28 de mayo de 2010.

El hecho quedó grabado en dos videos que fueron difundidos a nivel nacional, en los cuales se observa cómo una docena de agentes de ICE, CBP y la Patrulla Fronteriza golpean y someten a descargas eléctricas al mexicano en el área de deportación a la vista de decenas de testigos.

La muerte de Hernández, un trabajador de la construcción que vivió más de 20 años en el condado de San Diego, fue catalogada como “homicidio” por parte de la Oficina del Médico Forense, mientras que en la demanda interpuesta ante un tribunal se califica como “tortura por una pistola de descarga eléctrica”.

El Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a comentar sobre este hecho argumentado que el caso se encuentra bajo investigación.

Actualmente un gran jurado en Washington evalúa el caso para determinar si se imputarán cargos penales a los agentes involucrados en el incidente.

Activistas y abogados señalaron que se tiene la sospecha de que los oficiales siguen trabajando y que no han recibido ningún tipo de sanción.

María de la Luz Rojas, madre de Hernández, exigió que los responsables tengan castigo y que este caso no sea uno más de impunidad en la frontera.

“Que los castiguen como a cualquier ciudadano”, declaró. “No se pueden violar los derechos humanos, no pueden estar por encima de la ley”.

De manera paralela a la investigación de un gran jurado los abogados de la familia continúan con el proceso civil por el cual el caso de Hernández podría irse a juicio a finales de este año en San Diego.

La madre del mexicano dejó claro que no buscan dinero, sino justicia. “No me han ofrecido, pero tampoco lo aceptaría, porque mi hijo era mi hijo”, subrayó.

Por su parte María Puga, viuda de Hernández y quien tiene cinco hijos, recalcó que este incidente cambió la vida de su familia y que estos años han sido “muy difíciles”.

“Me duele mucho ver sufrir a mis hijos por su padre”, dijo. “Ya son tres años, hay pruebas, hay testigos, queremos que el caso ya sea resuelto, hasta ahorita no sabemos qué es lo que sigue”.

Pedro Ríos, director del Consorcio de los Derechos de los Migrantes, consideró que este suceso evidenció en Estados Unidos la problemática de una falta de control y mecanismos de rendición de cuentas en agencias federales como Patrulla Fronteriza.

“Principalmente porque surge el video donde se mira exactamente lo que estaba pasando”, subrayó el activista. “Eso fue lo que nos ayudó un poco más a alzar el perfil de los abusos que se estaban dando por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza”.

En las imágenes se observa cómo Hernández se encontraba esposado, sin mostrar algún tipo de resistencia y rodeado por una docena de agentes. En un primer video se escucha que éste clama por ayuda antes de morir, pidiéndoles a los oficiales que se detengan.

Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, destacó avances importantes, ya que se ha llevado el tema al Congreso de Estados Unidos.

“Esto es un paso concreto, muy importante”, destacó. “Antes, cuando un inmigrante era asesinado por un agente, el caso desaparecía de la opinión pública. Ahora, esos tiempos han cambiado”.

Lamentó que no existan mecanismos para que agentes respondan por sus actos y se dijo optimista de que dentro del debate por una reforma de inmigración se incluya un apartado que exija mayor control a dependencias federales.

“Se empieza a hablar ya de tener mayor transparencia en una dependencia que anteriormente se comportaba de manera violenta, prepotente y, aparte de todo, gozaba de impunidad”, denunció.

“Ahora estamos trabajando en reformar leyes y que casos como el de Anastasio no sigan sucediendo”, finalizó.