Se espera fallo del Supremo acerca del derecho al voto

Washington, D. C.

El Tribunal Supremo debe decidir este mes si el Gobierno federal tiene potestad para limitar las regulaciones en el derecho al voto de los estados y condados, una cuestión de gran repercusión sobre la comunidad hispana.

Tras las audiencias realizadas a principios de año, los nueve magistrados de la máxima corte de E. U. deberán determinar ahora si es legítimo que, en aras de la no discriminación, algunas regiones del país (especialmente en el sur) deban pedir autorización al Gobierno antes de llevar a cabo cualquier modificación de su sistema electoral.

“Es una decisión importantísima para E. U. como nación, pero fundamentalmente para las minorías, porque trata sobre la protección legal frente a la discriminación”, explicó Max Sevilla, director de asuntos gubernamentales y legislativos del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO).

Lo que está en tela de juicio es la constitucionalidad de la Sección 5 del Acta de Derecho al Voto, promulgada en 1965 y que obliga a algunos estados y condados considerados de “tradición discriminatoria” a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo cualquier modificación electoral.

Concebida inicialmente para lidiar con la situación de los afroamericanos en el sureste del país, en los años ’70, la ley fue enmendada para dar cobertura también a los ciudadanos hispanos de Texas, Arizona y áreas de California, Florida y Nueva York.

“La fórmula que el Congreso usó para determinar cuáles debían ser las áreas afectadas se basó en aquellas con un gran sesgo entre la población perteneciente a minorías y el porcentaje de voto que estas emitían”, explicó John Sullivan, abogado del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

El caso concreto sobre el que se pronunciará el Supremo —y que afectará al conjunto del sistema—, lo inició el condado Shelby, en Alabama, con mayoría de población blanca no hispana, al alegar que el requisito de pedir permiso al Gobierno para ajustar el sistema local de votación es oneroso e inapropiado.

“Quienes abogan por la inconstitucionalidad de esta medida esgrimen que ésta rompe con el equilibrio entre los estados y el Gobierno federal, pero el caso es que el voto es una responsabilidad compartida por ambas instituciones”, valoró Sullivan, quien recordó que la propia Constitución da poderes al Congreso para evitar discriminación racial en el acceso al voto.

“Sin la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto, los estados podrían cambiar sus procedimientos electorales para desmotivar a los electores latinos. Podrían cambiar, por ejemplo, el mapa electoral para desfavorecer a las zonas con mayor presencia de hispanos”, remachó el abogado de SEIU.

Sin embargo, los sectores conservadores partidarios de su derogación sostienen que casi medio siglo después de la Ley del Acta de Derechos Civiles, ya no es necesaria la supervisión federal para impedir la intimidación de los votantes, y que además ésta supone una intromisión en la autonomía de los estados.

La polémica en torno al derecho al voto ha resurgido en los últimos dos ciclos electorales, ya que numerosos estados aprobaron leyes y regulaciones que hacen más severa la identificación de votantes, y más complicado el requisito de documentos para el registro, medidas que siempre han ido acompañadas de polémica.

Los hispanos en E. U. acudieron a las urnas en menor proporción que otros grupos, aun cuando en la elección presidencial de 2012 votó una cifra récord de 11.2 millones, señaló el Pew Reseach Center.

Según el reporte, que analiza las cifras del censo, 48% de los hispanos con derecho al voto ejerció su derecho ciudadano en 2012, aunque la asistencia a las urnas fue menor que en 2008, cuando sufragó 49.9%.

En contraste, la tasa de afroestadunidenses que ejercieron el voto fue de 66.6%, superior a la de blancos no hispanos de 64.1%.

El Pew Research Center recordó que el rápido crecimiento de la población latina en el país ha alimentado el del número de hispanos con derecho al voto, es decir que son ciudadanos estadounidenses adultos.

Agregó que de 2008 a 2012 el número de latinos elegibles para votar aumentó de 19.5 millones a 23.3 millones, un incremento de 19%, en comparación con el aumento de 15% registrado para la elección de 2008.

—Notimex