El negocio de la seguridad fronteriza

Quién gana con el aumento de fondos federales para un mayor control limítrofe

El negocio de la seguridad fronteriza
**ADVANCE FOR USE WITH YE EDITIONS DEC. 26, AND THEREAFTER, FILE**A Border Patrol vehicle drives past a portion of the border fence that has had a hole cut out of it, repaired, in this Aug. 3, 2007, file photo, in El Paso, Texas. Homeland Security officials plan to build about 70 miles of two-or three-layer steel fencing, at least 15-feet high and able to withstand a hit from a 10,000-pound vehicle going 40 mph, in South Texas, by the end of 2008. (AP Photo/Victor Calzada, file)
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NUEVA YORK — En años recientes, la inmigración ilegal ha caído a niveles nunca antes vistos, llegando incluso a registrar negativos estadísticos.

Pero en Washington se justifican miles de millones de dólares en fondos federales para aumentar el monitoreo, detención y estudio de quienes cruzan la frontera —y el monto está a punto de crecer por varios miles de millones más—.

La reforma migratoria decidirá el futuro de millones de inmigrantes. Ellos no son los únicos que esperan con ansias un cambio legal. La propuesta legislativa podría cambiar significativamente la fortuna de numerosos contratistas militares y proveedores.

Incluidos en la propuesta de reforma migratoria que actualmente discute el Congreso –un documento de más de 1,000 páginas–, se hallan unos $4,500 millones en fondos para “reforzar la frontera”, y potencialmente varios millones más que los legisladores dicen son esenciales en esta reforma.

“La pregunta crítica aquí es si el retorno de inversion de este creciente monto es necesario”, dice Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos. “Creo que, como puedes ver, esto es políticamente necesario”, apunta la experta, quien es una de los directores del Instituto de Política Migratoria (MPI), una organización no-partidista.

Los nuevos fondos expandirán el aparato de control de inmigración, el cual ya recibe más dinero federal que todas las agencias de seguridad juntas, según un informe del MPI del cual Meissner es coautora.

Según la directora, los funcionarios de protección de fronteras ya caracterizan la estrategia en la zona limítrofe como un asunto de “manejo de riesgo” y uso efectivo de recursos. Esto es porque los cruces ilegales han caído a niveles históricos en años recientes.

Aún así, el Congreso parece seguir enfocado en aumentar el presupuesto para reforzar la seguridad en el área fronteriza, y en dictar tácticas específicas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Algunos legisladores republicanos alegan que la responsabilidad de formular iniciativas de seguridad debe ser transferida del DHS al Congreso.

“Estamos diciendo los detalles de ese plan”, dijo Alex Burgos, vocero del senador Marco Rubio (R-FL). “En lugar de delegarlo (al DHS), queremos dejar claro qué debe incluir”.

El aumento en fondos para resguardo limítrofe beneficiará potencialmente a una amplia gama de intereses: contratistas de defensa, compañías de prisiones y hasta los pueblos y ciudades donde operan.

Así como la campaña por una reforma migratoria ha tomado años de cabildeo, la puja por aumentar las medidas de seguridad en la frontera refleja años de presión política, agendas e influencias en Washington.

“El punto no es que hayan nuevos intereses, lo importante es cuánto terreno han avanzado”, apunta Lee Drutman, un gerente de Sunlight Foundation, una fundación que estudia a grupos de intereses involucrados en las propuestas de reforma migratoria.

En años recientes, aviones de defensa cruzan la vasta frontera para colectar información sobre migrantes, contrabandistas y traficantes de drogas.

El actual proyecto de ley migratoria aprueba el uso de más aviones teledirigidos. El beneficiario más probable de esta decisión es General Atomics, compañía de California que tiene contratos pendientes con el gobierno federal, valorados en $454 millones, para construir y mantener hasta 12 unidades de este tipo.

La influyente industria de aviones teledirigidos ahora cuenta con el apoyo de la Cámara Congresional de Sistemas a Control Remoto, conocida en inglés como el Drone Caucus y conformada por 60 miembros de ambos partidos.

El año pasado, General Atomics gastó $2.4 millones en cabildeo políticos y desembolsó $680,682 en contribuciones de campaña para miembros de ambos partidos, según el Centro por una Política Responsable, una organización que monitorea la inversión en cabildeos y campañas.

“Mientras los contratos de defensa se reducen, la seguridad en la frontera se convierte en una parte más grande del negocio de estas empresas”, indica Tom Barry, quien analiza contratos de este tipo para el Centro de Política Internacional, un centro de estudios de tendencia izquierdista.

Los aviones teledirigidos proveen radiografías de la frontera, explica Meissner, que permiten a las agencias sopesar el número de cruces ilegales y las detenciones para estimar mejor el flujo migratorio.

El proyecto de reforma migratoria, aprobado por el Comité Judicial del Senado, expande de 70 a 210 el número de procesamientos diarios de personas que cruzan la frontera ilegalmente en Tucson, Arizona, lo que se relaciona con el aumento por años de la criminalización de infracciones migratorias en esa zona.

Los casos de inmigración ahora representan la mayor parte (40%) de los casos criminales en el ámbito federal, según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Si el Congreso expande los procesamientos criminales, las compañías de prisiones podrían ganar millones en contratos federales para centros de detención de inmigrantes.

La Corporación Correccional de América, el Geo Group, junto con la Corporación de Gerencia y Adiestramiento, gastaron un estimado de $45 millones en cabildeo y donaciones de campaña en la última década, según una investigación de la Prensa Asociada, publicada a finales del año pasado. La población de inmigrantes detenidos ha crecido de unos 85,000 a 400,000 al año, desde mediados de la década de los 90 hasta hoy; con unas 33,000 personas detenidas al día en centros de detención privados del país.

La compañía Geo Group le pagó $40,000 a Navigators Global, una firma en Washington, para cabildear en “asuntos relacionados con la inmigración”, según un reporte reciente reportado por The Nation. Geo Group tiene base en Florida, el estado del Senador Marco Rubio, quien emerge como una figura principal en la batalla por la reforma migratoria. La firma de cabildeo fue fundada por César Conda, el jefe de personal de Rubio.

“Nadie aquí ha sido guiado por algo así”, defiende Burgos, refiriéndose a los intereses de cabildeo. “Nuestra guía son un conjunto de principios”.

Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas, dijo en una declaración escrita que las discusiones del Grupo Geo con los legisladores “no se han dirigido a influir en la política de inmigración o en el resultado de la reforma de inmigración”. Páez indicó que los esfuerzos de cabildeo han estado relacionados “exclusivamente” a los temas relaciones a las detenciones. “Nuestra empresa no ha ejercido presión para influir en la política de inmigración ni hemos tomado ni vamos a tomar una posición general sobre la legislación de la reforma de inmigración”.

“La revelación original presentada por la firma de cabildeo de la empresa debería haber especificado que los temas tratados con los legisladores, en referencia a la reforma integral de inmigración, estuvieron relacionados exclusivamente con las alternativas al Programa de Detención en ICE”.