Reforma migratoria es negocio redondo para contratistas

NUEVA YORK — La reforma migratoria decidirá el futuro de millones de inmigrantes. Pero la fortuna de un numeroso grupo de contratistas militares, subcontratistas, y proveedores también podría cambiar significativamente a partir de una nueva legislación.

Incluidos en la propuesta de reforma migratoria que actualmente discute el Congreso —un documento de más de 1,000 páginas—, se hallan unos $4,500 millones en fondos para “reforzar la frontera”, y potencialmente varios millones más que los legisladores dicen son esenciales en esta reforma.

Los nuevos fondos expandirán el aparato de control de inmigración, el cual ya recibe más dinero federal que todas las agencias de seguridad juntas, según un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), una organización no-partidista.

Según Doris Meissner –co-autora del informe— los funcionarios de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos ya han caracterizado la estrategia en la frontera como un asunto de “manejo de riesgo” y uso efectivo de recursos. En años recientes, los cruces ilegales en la frontera han caído a niveles históricos. Aún así, el Congreso parece seguir enfocado en aumentar el presupuesto para reforzar la seguridad en la zona fronteriza, y en dictar tácticas específicas al Departamento de Seguridad Nacional.

“La pregunta crítica aquí es si el retorno de inversión de este creciente monto es necesario”, apunta Meissner, quien fue comisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos, y es actualmente una de los directores del MPI. “Creo que, como puedes ver, esto es políticamente necesario”, apunta Meissner, haciendo énfasis en “políticamente”.

La ganancia financiera de la seguridad fronteriza beneficiará potencialmente a una amplia gama de intereses —desde contratistas de defensa y compañías privadas de prisiones, hasta los pueblos y ciudades donde éstos operan. Los beneficiarios indirectos incluyen grupos de crimen organizado como Los Zetas, los cuales dominan el mercado de tráfico humano.

Así como la campaña por una reforma migratoria ha tomando años de cabildeo, asimismo la puja por aumentar las medidas de seguridad en la frontera refleja años de presión política, agendas e influencias en Washington.

“El punto no es que hayan nuevos intereses, lo importante es cuánto terreno han avanzado”, apunta Lee Drutman, un gerente de la Sunlight Foundation, una fundación que ha estudiado a los cabilderos y grupos de intereses involucrados en las propuestas de reforma migratoria por los últimos cinco años.

En años recientes, aviones de defensa cruzan la vasta frontera para colectar información sobre migrantes, contrabandistas y traficantes de drogas.

El actual proyecto de ley migratoria aprueba el uso de más aviones teledirigidos. El beneficiario más probable de esta decisión es General Atomics, compañía de California que tiene contratos pendientes con el gobierno federal, valorados en $454 millones, para construir y mantener hasta 12 unidades de este tipo.

La influyente industria de aviones teledirigidos ahora cuenta con el apoyo de la Cámara Congresional de Sistemas a Control Remoto, conocida en inglés como el “Drone Caucus” y conformada por 60 miembros de ambos partidos. El año pasado, General Atomics gastó $2.4 millones en cabildeo políticos y desembolsó $680,682 en contribuciones de campaña para miembros de ambos partidos, según el Centro por una Política Responsable, una organización que monitorea la inversión en cabildeos y campañas.

“Mientras los contratos de defensa se reducen, la seguridad en la frontera se convierte en una parte más grande del negocio de estas empresas”, indica Tom Barry, quien analiza contratos de este tipo para el Centro de Política Internacional, un centro de estudios de tendencia izquierdista.

Los aviones teledirigidos proveen radiografías de la frontera – explica Meissner, la directora del MPI – que permiten a las agencias sopesar el número de cruces ilegales y las detenciones para estimar mejor el flujo migratorio.

El proyecto de reforma migratoria, aprobado por el Comité Judicial del Senado, expande de 70 a 210 el número de procesamientos diarios de personas que cruzan la frontera ilegalmente en Tucson, Arizona, lo que se relaciona con el aumento por años de la criminalización de infracciones migratorias en esa zona. Los casos de inmigración ahora representan 40% de los casos criminales en el ámbito federal, según un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Si el Congreso expande los procesamientos criminales, las compañías de prisiones podrían ganar millones en contratos federales para centros de detención y monitoreo de los detenidos. La Corporación Correccional de América, el Geo Group, junto con la Corporación de Gerencia y Adiestramiento, gastaron un estimado de $45 millones en cabildeo y donaciones de campaña en la última década, según una investigación de la Prensa Asociada, publicada a finales del año pasado.

La población de inmigrantes detenidos ha crecido de unos 85,000 a 400,000 al año, desde mediados de la década de los 90 hasta hoy; con unas 33,000 personas detenidas al día en centros de detención privados del país.

La compañía Geo Group le pagó $40,000 a Navigators Global, una firma en Washington, para cabildear en “asuntos relacionados con la inmigración”, según un reporte reciente de The Nation. Geo Group tiene base en Florida, el estado del senador Marco Rubio, quien emerge como una figura principal en la batalla por la reforma migratoria. La firma de cabildeo fue fundada por César Conda, el jefe de personal de Rubio.

“Nadie aquí ha sido guiado por algo así”, defiende Alex Burgos, el portavoz de Rubio, refiriéndose a los intereses de cabildeo. “Nuestra guía son un conjunto de principios”.

Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas de Geo Group, dijo en una declaración escrita que las discusiones de la compañía con los legisladores “no han buscado influir la política de inmigración o en el resultado de la reforma de inmigración”. Indicó que los esfuerzos de cabildeo han estado relacionados “exclusivamente” a los temas relaciones a las detenciones. “Nuestra empresa no ha ejercido presión para influir en la política de inmigración ni hemos tomado ni vamos a tomar una posición general sobre la legislación de la reforma de inmigración”.

“La declaración original presentada por la firma de cabildeo de la empresa debió haber especificado que los temas tratados con los legisladores, en referencia a la reforma integral de inmigración, estuvieron relacionados exclusivamente con el Programa de Alternativas para la Detención de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)”, finalizó Páez.

Un polémico proyecto de ley migratorio se abrió camino ayer en la Cámara de Representantes. Hoy habrá una reunión clave entre legisladores hispanos y el líder republicano John Boehner (R-OH).

Hasta el momento la Cámara de Representantes no ha logrado sellar una propuesta migratoria bipartidista integral, aunque se ha negociado por largo tiempo. Sin embargo, republicanos en la asamblea han optado por debatir propuestas pequeñas, que no incluyen un proceso de legalización para los 11 millones de indocumentados.

Legisladores involucrados en las negociaciones aseguran que el proyecto de ley bipartidista está listo. Si eso es cierto, entonces ahora habrá que tomar una decisión respecto a qué fórmula ocupar para debatir inmigración. Proyectos de ley separados o un plan completo.