Frente a la pesadilla

Expertos legales temen deportación de 'dreamers' que salieron a México

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Mientras caminaban hacia la garita de cruce a Estados Unidos en Nogales, Sonora, nueve jóvenes que vivieron buena parte de su niñez y juventud en este lado de la frontera cantaban : “Somos indocumentados y sin miedo, queremos volver a casa”. Pero su arriesgada actividad de protesta podría terminar por convertir su sueño en una pesadilla de la que no puedan despertar.

Portavoces de NIYA, la Aliaza Nacional de Jóvenes Inmigrantes que concibió y organizó la protesta, indicaron que los nueve jóvenes seguían ayer detenidos tras presentarse en la garita poco antes del mediodía del lunes, rodeados por cámaras y manifestantes, a pedir “regresar a casa” por medio de un permiso humanitario. Inicialmente se reportó que estaban detenidos en el Centro Correccional Florence, pero luego se confirmó que estaban en el centro de detención Eloy, también en Arizona.

“Lo que estamos haciendo es apoyándolos desde afuera, promoviendo llamadas a congresistas, manifestándonos en diferentes ciudades”, dijo Mohammed Abdulahi, portavoz de NIYA.

La asesora legal de los jóvenes, Margo Cowan, quien también es defensora pública en Pima county Arizona, no respondió llamadas para explicar su situación legal y Victor Bravo, portavoz de la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP) en Tucson, tampoco devolvió llamadas para conocer la versión oficial de los hechos.

Pero abogados con trayectoria de activismo que conocen bien la ley de inmigración y la forma en que se maneja CBP en estos casos mostraron preocupación por la acción tomada por los jóvenes.

“Lo que yo quiero entender es ¿cuál fue el propósito de todo esto? Honestamente, yo lo veo como un inmenso error”, dijo David Leopold, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración y un abogado de Cleveland muy involucrado en el activismo pro reforma migratoria. “Francamente, creo que van a terminar perdiendo más de lo que van a ganar”.

Para Leopold, la base legal y moral de los “dreamers” está en el hecho de que vinieron aquí muy jóvenes sin decisión propia y han vivido aquí sin conocer otro país que este y sin quebrantar las leyes. “Creo que si voluntariamente se van a México y luego se presentan en la frontera a exigir que los dejen pasar, están desafiando las leyes, aparte de que están poniendo al Gobierno de Obama en una situación muy difícil”.

Meredith Brown, una abogada de Los Ángeles también con amplia trayectoria activista, estuvo de acuerdo en que si el Gobierno los hubiera dejado entrar en medio de tan publicitado evento “esto sentaría un precedente de que ciertos inmigrantes pueden irse y volver sin consecuencias legales”. Los nueve jóvenes pidieron entrada humanitaria, pero CBP se las negó y la siguiente opción es solicitar asilo, por lo que tienen que probar que su pertenencia a un grupo social, sus ideas políticas, su raza o género, orientación sexual, genera persecución y peligro en sus países. No es algo fácil de lograr, apunta Mathew Kolken, otro abogado de inmigración con oficinas en Nueva York.

“Primero tienen que establecer que tienen una posible razón para pedir asilo y si un oficial de asilo confirma esto, entonces pueden solicitar oficialmente”, dijo Kolken. “Entonces quizá los pongan en libertad mientras se procesa el asilo”. El problema es que si el asilo es negado o si la solicitud se determina “frívola”, el resultado es la deportación.