Los que no son ciudadanos tendrían que poder votar
Ejemplos de todo el mundo indican que unos 40 países cuentan con alguna forma de derecho al voto para el que no es ciudadano. Seis municipalidades en Maryland permiten que voten los que tienen visa y también los que tienen tarjeta verde. Chicago permite que todo residente vote en las elecciones para la junta escolar.
El debate nacional actual sobre la “reforma” migratoria tendría que acarrear una conversación sobre cómo las comunidades, los pueblos y las ciudades podrían jugar un papel mayor en la integración de personas que buscan ser ciudadanas. Algunas formas del voto para los que no son ciudadanos, en particular con respecto a asuntos locales y la participación comunitaria, calzan con toda naturaleza.
La propuesta de reforma migratoria del Senado pone en limbo a los residentes indocumentados de los Estados Unidos por tanto tiempo y tiene un costo tan alto, que deberíamos preguntar, ¿por qué se está castigando a las comunidades locales con también apresurarse para sólo tener que esperar?
Tal vez valdría la pena considerar una estrategia completamente nueva.
Si la Cámara de Representantes aprueba legislación similar al proyecto de ley del Senado, S.744, con la intención de llevar eventualmente a la ciudadanía por naturalización, unos 8 millones de entre unos 11 millones de personas indocumentadas deberían calificar, según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
De estas personas, unos 400 mil se anticipa abandonarán el proceso durante los primeros seis años por lo que no podrán cumplir con los requerimientos económicos, calcula la Administración del Seguro Social.
Mientras tanto, los 7.6 millones de individuos calificados pasarían por una serie de obstáculos durante 13 años para obtener el beneficio crucial del derecho al voto que conlleva la ciudadanía.
Por el momento, lo que prescribe la legislación, es que inicialmente los inmigrantes indocumentados solicitarían el estatus recientemente creado de Registered Provisional Immigrant (RPI). Cada postulante debe pagar una multa de $500. A todos, además, les cobrarán impuestos y honorarios de solicitud para cubrir los costos de la solicitud.
El estatus RPI dura seis años y puede renovarse, suponiendo que el o la inmigrante continúa calificado/a y en cuyo caso, se aplica otro honorario de $500.
Después de 10 años, los postulantes al RPI pueden ajustar su estatus a Lawful Permanent Resident mediante un sistema de mérito utilizado para ganarse una tarjeta verde, cuando entre otros requerimientos, se le cobra otra multa de $1,000.
La ciudadanía naturalizada no puede otorgarse al postulante antes de pasar los 13 años desde que fue aprobada la legislación. Desde ya, casi dos tercios de los inmigrantes adultos sin autorización ha vivido en este país durante un mínimo de 10 años, y casi la mitad son padres de hijos menores, según cálculos del Centro Hispano Pew. Además, una mayoría de los indocumentados tiene más de 45 años de edad, y casi un 50% son mujeres, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Pareciera, con estos índices demográficos, que la espera de 13 años es un periodo desmesuradamente largo.
Ahora que la ley, mediante multas y largas esperas, ha extraído a los más honorables y sacrificados de entre todos los que califican para acceder a la ciudadanía naturalizada, me parece a mí que deberíamos no ser tan severos con ellos durante su espera de 13 años para naturalizarse.
