La lucha contra la brutalidad policial
Los movimientos de lucha contra la brutalidad policial, liderados por los latinos en los años 80’s y 90’s, marcaron un antes y un después en la ciudad de Nueva York.
La activista Margarita Rosario recordó que antes, cuando se ventilaban casos de abuso policial en las cortes, los agentes se alineaban frente al recinto judicial “e intimidaban verbalmente a las familias de la víctima”.
Además los padres “peleaban solos” y los medios de comunicación se enfocaban en la versión de los policías, “a quienes pintaban como héroes”.
Rosario es la madre de Anthony Rosario, de 18 años, y tía de Hilton Vega, de 21. Ambos jóvenes fueron baleados fatalmente por la espalda en 1995 por los policías James Crowe y Patrick Brosnan, quienes nunca fueron juzgados. Rosario se unió a otras como Iris Báez -madre de Anthony Báez, asesinado por un agente del NYPD en 1994- y fundó el Parents Against Police Brutality para buscar justicia.
“Cuando los padres nos unimos, los medios de comunicación empezaron a ponernos más atención y las autoridades tuvieron que escucharnos”, dijo Rosario.
Para ella, uno de los mayores logros de aquellas luchas fue crear conciencia en la ciudadanía de que la policía no está por encima de la ley, y debe respetar al pueblo.
Juan Cartagena, presidente de la organización LatinoJustice PRLDEF, dijo que en casos de abusos policiales, la comunidad latina siempre ha reclamado sus derechos y exigido respeto, y señaló que gracias a la presión de la comunidad y de medios como El Diario/La Prensa, se creó durante el mandato del alcalde David Dinkins la Junta de Supervisión de Quejas Civiles (CCRB, por sus siglas en inglés), para ventilar casos de brutalidad policial de manera independiente.
“El CCRB tiene un papel importante, pero limitado, porque no tiene poder disciplinario”, dijo Cartagena.
Héctor Soto, primer director de la CCRB, recordó cuando la junta pasó a ser operada sólo por civiles, las quejas se dispararon a de 2,000 a 5,000 al año, “pero por falta de recursos sólo podíamos investigar unas 500, la mayoría por uso excesivo o innecesario de la fuerza física”.
“Antes, la ciudad no quería admitir que la brutalidad policial era un problema, para ellos el problema era la víctima, y siempre justificaban la brutalidad diciendo que la víctima tenía historial criminal o de violencia”, dijo Soto.
Para Jessica Sanclemente, organizadora del Comité de Justicia fundado por el fenecido activista Richie Pérez, los casos de Ramarley Graham, de 18 años, y de Noel Polanco, de 22 años, muertos a manos de la policía en 2012, indican que el problema de la brutalidad policial persiste.
“La policía mantiene unas prácticas muy agresivas y discriminatorias, entre ellas el Stop and Frisk (parar y revisar) que afecta a la mayoría (un 90%) de los latinos y afroamericanos, en comunidades pobres”, dijo Sanclemente.
Para la organizadora, las luchas de hace tres décadas lograron movimientos de justicia social, “y gracias a ello hoy podemos mover las bases a un nivel más político, al punto de poder introducir legislaciones que produzcan cambios sociales”.
