Revisarán las sentencias de varios menores

SUFFIELD, Connecticut/AP — Cuando Nicholas Aponte recuerda la noche en 1995 por la que está en prisión, se describe como un chico inmaduro de 17 años que pensó que era duro, pero en realidad no tuvo el valor de decirle no a un primo al que admiraba por ser un buscapleitos.

Sentado con un grupo de niños en un porche, mientras jugaban a las cartas y bebían, el primo le dijo que tenía que “hacer un robo” y le preguntó a Aponte si quería acompañarlo. “Yo dije, ‘OK, vamos a hacer el robo o lo que sea'”, cuenta Aponte. “Fue sin pensarlo”.

El plan fracasó. Un empleado de 28 años de una tienda de sandwiches fue asesinado durante el robo. Después Aponte fue detenido, al igual que su primo, su hermano menor y un amigo. A pesar de que Aponte no disparó el arma, los fiscales lo consideran el cabecilla. Fue juzgado por los tribunales como un adulto y sentenciado a 38 años sin libertad condicional. Tendrá 55 años cuando sea liberado.

“Todo este tiempo fue difícil de comprender, para alguien tan joven”, dijo Aponte en una reciente entrevista en la cárcel. Ahora de 35 años, con más de la mitad de su vida pasada tras las rejas en cárceles de Connecticut, Aponte sueña con terminar su licenciatura, convertirse en un enfermero y pasar tiempo con su familia, incluyendo su hijo, que era un niño cuando fue encarcelado.

Aponte es parte de un estimado de 2,100 menores en todo el país condenados a largas penas de prisión sin libertad condicional, que tienen la esperanza de un indulto a raíz de un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en 2012, Miller v Alabama. La decisión determina que tales sentencias son un castigo cruel e inusual y por lo tanto inconstitucional. El tribunal dictaminó, 5-4, que la proporcionalidad de la pena debe tener en cuenta “las cualidades atenuantes de la juventud”, como la inmadurez y la falta de los jóvenes a comprender las consecuencias de sus acciones.

Anticipando una avalancha de apelaciones, por lo menos 10 estados han cambiado las leyes para dar cumplimiento al dictamen. Sin embargo, Connecticut —donde Aponte cumple su sentencia— no logró aprobar un proyecto de ley al respecto este año.