Dictan orden de captura contra familiares de Fujimori

Dictan orden de captura contra familiares de Fujimori
Evo Morales
Foto: efe

Lima/Notimex — La Procuraduría Anticorrupción de Perú informó ayer que 90 personas procesadas por corrupción tienen orden de captura vigente, entre ellas varios familiares del detenido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Se trata de las hermanas del exmandatario, Juana y Rosa Fujimori, además de Víctor Aritomi, cuñado del exgobernante, y Myriam Aritomi Fujimori, sobrina del ex jefe de Estado.

La Procuraduría Anticorrupción emitió en las últimas horas una “alerta roja” para que Interpol ubique y arreste a las 90 personas que tienen una orden de detención pendiente por presunto “enriquecimiento ilícito” durante el gobierno de Fujimori.

También son buscados Enrique Benavides, vinculado a la compra de aviones usados MIG-29; la exfiscal Flor de María Maita Luna, y los hermanos Elizabeth, Liliana y Víctor Enrique Malca por presuntamente ocultar cuentas secretas de su padre, el exministro Víctor Malca.

El procurador peruano anticorrupción, Julio Arbizu, dijo a periodistas que “la sensación de impunidad que se ha instalado en la población cesará sólo cuando se vea que hay acciones concretas para ubicar a los prófugos de la justicia”.

Mientras tanto, las autoridades de El Salvador informaron la captura del ex contralor peruano Víctor Enrique Caso Lay, prófugo de la justicia desde 2001 por delitos contra la administración pública de Perú.

El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, dijo que Caso Lay, de 67 años, fue capturado en una zona residencial del norte de la capital.

Tras una serie de investigaciones “finalmente fue localizado y ahora una vez entregado a la Interpol siguen los procedimientos legales para que este señor sea extraditado y llevado a la justicia en su país”, señaló Perdomo.

Caso Lay fue contralor durante la administración del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

La policía salvadoreña informó que el exfuncionario es reclamado por las autoridades peruanas por “delitos contra la administración pública”.

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