Siete millones de hispanos perderían el “Obamaphone”

Republicanos buscan recortar o eliminar los servicios del programa federal de asistencia Lifeline

Siete millones de hispanos perderían el “Obamaphone”
María Hermosa, de Queens, muestra su teléfono Lifeline mejor conocido como el "Obamaphone" y que podría salvar su vida.
Foto: EDLP / Mariela Lombard

Nueva York — Luego de haber sufrido un infarto, la peruana María Hermosa depende “casi en su totalidad” de un celular que obtuvo gracias al programa federal de asistencia Lifeline, hace dos años.

Ahora, María está preocupada por los intentos republicanos en el Congreso y el Senado de recortar o eliminar el programa, que les otorga teléfonos móviles, a personas de bajos recursos económicos, así como a personas mayores.

“Cualquier cambio me perjudicaría mucho, porque mis llamadas para doctores, farmacia e incluso la persona que me cuida en mi hogar, las hago con el celular de Obama”, subrayó la mujer de 66 años, que vive sola en Queens.

El programa Lifeline, popularmente conocido como “el celular de Obama” pese a que se inició hace casi 30 años, provee teléfonos móviles gratuitos y/o subsidiados, con hasta 250 minutos de llamadas al mes.

Aunque no se divisa una acción inmediata en la legislatura federal, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), alertó sobre el impacto negativo que tendría en los menos favorecidos de llegar a aprobarse las dos propuestas de ley que cambiarían el programa.

Brent Wilkes, director ejecutivo de LULAC, sostuvo que los servicios de Lifeline ayudan en el campo laboral, de salud y seguridad pública, por lo que de llegar a eliminarse o recortarse, se estaría “impidiendo que millones de hispanos de bajos ingresos y otras personas puedan mejorar sus vidas”.

“Creemos que el programa debe preservarse con todas las regulaciones necesarias, particularmente ante la realidad de que innumerables hispanos de bajos ingresos en condiciones de participar del programa federal no lo hacen”, subrayó Wilkes.

LULAC, estima que a nivel nacional, unos siete millones de latinos se benefician del programa, 140,742 de ellos en la ciudad de Nueva York.

El programa Lifeline —manejado por la Comisión Federal de Comunicaciones, (FCC)— se financia a través de un pequeño arancel que las compañías telefónicas le facturan a sus usuarios y no por ningún impuesto a los contribuyentes.

En la Cámara de Representantes existe un proyecto de ley sometido en enero por el congresista Tim Griffin (R-AR), que está en el Subcomité de Comunicaciones y Tecnología. El mismo exige la eliminación de los teléfonos móviles, y que se dejen sólo las líneas convencionales para personas de bajos ingresos.

Asimismo, un proyecto similar (Ley Para Terminar con el Beneficio del Teléfono Móvil de 2013) presentado por el senador David Vitter (R-LA) —en mayo— permanece en el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte de la Cámara Alta.

Un portavoz de la oficina de la congresista Nydia Velázquez, prefirió no comentar al respecto, aduciendo que el proyecto de ley no está en debate por el momento. Suleika Cabrera Drinane, fundadora y presidenta del Instituto Puertorriqueño/Hispano para Personas Mayores, destacó la importancia del programa.

“Estos teléfonos, no solo son usados por personas mayores en casos de emergencias, sino para mantenerse en contacto con sus familiares y evitar así que se sientan solos”, dijo Cabrera Drinane.

Otros legisladores republicanos que están en contra del programa, señalan que el plan del teléfono móvil —a un costo de $2,200 millones— está plagado de fraudes, porque ha sido otorgado a personas que no reúnen los requisitos, o a individuos que califican pero que tienen más de un teléfono.

En enero de 2012, la FCC revisó el programa y exigió a los suscriptores rectificarse para finales de ese año, tras lo cual disminuyó el número de beneficiarios en un 26% (de 16.4 millones, en el cuarto trimestre de 2012 a 13.4 millones en junio de 2013).

El programa está abierto a toda persona residente legal o ciudadana, que reúna los requisitos de tener ingresos de un 135% por debajo de los niveles federales de pobreza, o que estén recibiendo cupones de alimentos, Medicaid u otros programas de asistencia federal.

La organización LULAC recomienda que llame a su representante y le exprese su preocupación por perder el servicio.