Amenazan de muerte a dirigentes
Unas nueve organizaciones de mujeres campesinas e indígenas denunciaron que al menos 50 defensores de derechos humanos han recibido amenazas de muerte por defender los derechos de sus comunidades y los recursos naturales del país. Crédito: efe
Tegucigalpa/EFE Más de 50 líderes y activistas por los derechos humanos han recibido amenazas de muerte por defender a sus comunidades y los recursos naturales en Honduras, denunció ayer un colectivo de mujeres campesinas e indígenas.
La directora del no gubernamental Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), Suyapa Martínez, la dirigente de Las Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la argentina Nora Cortiñas, y otras líderes campesinas denunciaron en rueda de prensa que “más de 50 defensores de derechos humanos están siendo criminalizados y amenazados de muerte”, aunque no precisaron por quién.
Las amenazas “son muy preocupantes”, subrayó Martínez, tras expresar su “rechazo a los diversos actos cobardes de violación de los derechos humanos” contra campesinos e indígenas en Honduras.
“Muchos defensores de derechos humanos son amenazados con la cárcel” por defender a sus comunidades y los recursos naturales de la nación centroamericana, agregó.
Cortiñas expresó en la rueda de prensa su “repudió” a las amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en Honduras.
“Nos preocupa tanto que la represión y la persecución llegue a tanto como criminalizar la defensa de los derechos humanos” en el país centroamericano, subrayó la dirigente.
Agregó que las comunidades campesinas e indígenas “solo defienden sus recursos y sus tierras” y lamentó que el Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, “permita” que empresas trasnacionales se “lleven las riquezas” del pueblo.
Martínez recordó que el pasado viernes un juzgado hondureño dictó prisión formal a la coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), Bertha Cáceres, acusada de provocar daños a una empresa que construye un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras.
En su fallo, el tribunal señaló que Cáceres, de la etnia lenca, de ser “responsable de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO”, de capital hondureño y chino, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la comunidad de Río Blanco, departamento occidente de Intibucá.
Martínez también señaló que la dirigente campesina Magdalena Morales será “enjuiciada” el 30 de septiembre, tras ser acusada de invadir unas tierras privadas de una empresa azucarera en el norte del país centroamericano.
Una dirigente del Copinh, Lilian López, instó al Gobierno a detener “la persecución política hacia las organizaciones” que luchan por las comunidades indígenas y campesinas.
