Guatemala ya no quiere a la ONU

Este 26 de septiembre, el mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, presumió en la Asamblea de la ONU, en Nueva York, de los logros durante su gestión presidencial: avances en salud, nutrición, educación y seguridad. Pero se le olvidó mencionar algunas cositas.

Primero, en cuatro años de período presidencial (menos en los casi dos que lleva Pérez) es imposible resolver problemas que Guatemala sufre desde hace décadas. Sin embargo, es inadmisible que se perpetúen o empeoren.

Tres días antes que el presidente habló en la ONU, la prensa divulgó en Guatemala que 1,449 granadas fueron robadas de una base aérea en el norte del país en marzo pasado. En ese entonces, el gobierno lo denunció al Ministerio Público (MP). Si calló después, no sería para proteger las investigaciones, pues el MP ha logrado poco más que inspeccionar el lugar del robo.

No hace falta mucha creatividad para imaginar el destino de las granadas. Las autoridades hallaron un lote de unas 500 granadas similares en un campo de entrenamiento Zeta al norte del país, en marzo de 2009. Otro lote de casi 865 granadas y miles de municiones de uso militar apareció un mes después en una bodega de los Zetas cerca de la capital guatemalteca. También se reportó el robo de armas de fuego y munición de bodegas militares, en la administración actual y las anteriores, que a todas luces ocurrieron con complicidad interna.

Esto no descubre el agua azucarada. En 2012 lo dijo un funcionario salvadoreño: las estructuras corruptas en las fuerzas estatales centroamericanas proveen armas, vía robos internos, a los narcotraficantes que operan al sur de México; mientras tanto, los del norte mexicano usan más las armas compradas en y sacadas de contrabando de EE.UU. Estadísticas oficiales revelan que el 35 por ciento de las armas decomisadas a criminales en Guatemala salieron de EE.UU. En México, es cerca del 80 por ciento. Podemos adivinar de dónde sale el porcentaje restante.

En 2010, The Washington Post reveló que muchas granadas decomisadas al narco en México, o utilizadas por este, fueron donadas por EE.UU. a los ejércitos de Guatemala y El Salvador durante los conflictos armados.

Un caso de las granadas y armas encontradas en 2009 en Guatemala lo tomó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ahora el presidente y general retirado Pérez decidió que el mandato de la CICIG, que la ONU financia, acabe en 2015. También pidió que cesen las investigaciones y sólo capacite a las autoridades guatemaltecas en los próximos dos años—aunque la CICIG anunció que continuará las investigaciones.

Lo que omite el mandatario es que, sin fondos, es imposible contar con recurso humano calificado y protegido del crimen organizado. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para 2014 tiene drásticos recortes a la policía, las fiscalías y los juzgados, pero receta un aumento para la seguridad de Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti para un total equivalente a US$23 millones. El dinero saldría del cobro de impuestos que pagan los guatemaltecos en un país donde hay un promedio de 16 muertes violentas al día.

Aún así, Pérez le dijo a la ONU que Guatemala va por la ruta correcta. Viajó con tres ministros de Estado, y otras personas (un número no revelado), en un jet propiedad de Baldetti pero que una empresa local administra, según el diario El Periódico. Sólo el uso del avión habría costado US$30 mil.

Debiera ser cristalino por qué Pérez ya no quiere a los ojos de la ONU encima, ni que la CICIG investigue a las redes criminales en el Estado (no los contrabandistas de gasolina, o roba carros apresados recientemente, sino los peces gordos del narcotráfico y lavado de dinero, capturados sólo si EE.UU. pide su extradición). Aún así, más de alguno se traga el cuento oficial.