Leyes a favor de migrantes en California
Si la Cámara Baja no aprueba la reforma migratoria este año, justifica que Brown firme todas las leyes locales.
Inmigración
El año pasado la Corte Suprema en Arizona vs. U.S. dejó poco espacio jurídico para los estados que pretendían una legislación relacionada con la inmigración. Sin embargo, en 2013 la promulgación de leyes estatales sobre el tema aumentó en un 83 por ciento, en comparación con la primera mitad de 2012. La actividad del senado y la asamblea estatal en esta legislatura han hecho a California el estado líder en la aprobación de varias leyes que beneficiarían a los inmigrantes. El “TRUST Act” y otras dos leyes—una que protegerá a las “trabajadoras domésticas” y otra que permitirá a los indocumentados obtener licencias de conducir—han recibido amplia cobertura en los medios. Pero para el estado con la mayor población de inmigrantes, otras cuatro leyes esperan la firma del gobernador Jerry Brown y si entran en vigor como ley: Protegerían los derechos laborales de los indocumentados y los trabajadores “huéspedes”, y como resultado preservarían las normas laborales para los trabajadores estadounidenses.
Hay 1,85 millones de indocumentados empleados en California. Casi un 10% de todos los trabajadores en el estado son vulnerables a la explotación por su estatus migratorio. Es casi imposible que los trabajadores indocumentados se beneficien de las leyes de salario mínimo y horas extras porque sus patrones pueden utilizar la amenaza de deportación para evitar sus reclamos o que se organicen en un sindicato. Los empleadores tienen el poder de denunciar a los indocumentados a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, o pueden obligarlos a proporcionar nuevos datos para su archivo de “I-9”, o introducir su nombre a E-Verify, el sistema electrónico que verifica el estatus jurídico de empleo. Esto aumenta la probabilidad de ser despedido y deportado.
Si el gobernador firma las leyes AB263 y SB666 podría prevenir estos tipos de abusos. Estas leyes prohibirían a los empleadores y a sus agentes usar el estatus migratorio de los trabajadores para la toma de represalias. Igualmente, los patrones tampoco podrían utilizar en contra de los trabajadores sus actividades sindicales, su exigencia del pago de sus salarios, o sus actividades como informantes del gobierno sobre actividades ilegales de su patrón. Ambas leyes establecen una multa civil de $10,000 por tomar represalias contra estas actividades. La ley AB263 trata las represalias como delito criminal y da derecho al trabajador a la reincorporación al trabajo y el pago retroactivo, y la SB666 permite la suspensión o revocación de licencias de abogado y negocio. Otra ley propuesta, la AB524, modifica la definición del delito de extorsión para incluir las amenazas relacionadas con el estatus migratorio, para prohibir que los empleadores utilicen amenazas de deportación para cometer el robo de salarios.
En 2011, 130,000 trabajadores huéspedes fueron empleados en California. La mayoría trabajaron en los campos o en las ferias y carnavales, o en industrias relacionadas con la tecnología informática y computación. Aproximadamente 14.000 estaban empleados en trabajos de baja cualificación a través del programa “J-1” de intercambio cultural.
Aunque los trabajadores huéspedes son trabajadores “legales”, pueden ser explotados porque los empleadores controlan el visado de cada trabajador y su estatus migratorio. Si un trabajador huésped se queja por cualquier razón, puede ser despedido. El despido invalida el visado automáticamente y deja al trabajador sujeto a la deportación. Los trabajadores huéspedes están aterrorizados por perder su estatus porque muchos pagan miles de dólares a reclutadores en su país de origen para conseguir un trabajo temporal. Perder el trabajo y estatus deja a los trabajadores huéspedes casi-esclavizados por la deuda y con poco tiempo para recuperar su inversión. A veces están en peor situación que los indocumentados porque éstos pueden buscar otro trabajo sin perder sus ahorros o las escrituras de sus tierras o casas.
La ley propuesta SB516 ayudaría a eliminar muchos de los peores abusos del reclutamiento. Requerirá que los reclutadores se registren con el estado y que depositen una fianza. Se prohibirá cobrar a los trabajadores por servicios de reclutamiento o coaccionarlos o amenazarlos. Para hacer cumplir la ley, las demandas podrían ser iniciadas por un trabajador agraviado o también por el estado. La ley SB516 no es perfecta: Exime a las empresas que reclutan trabajadores huéspedes a través del programa J-1 y los empleadores estarán exentos de responsabilidad si utilizan un reclutador registrado, pero es una gran mejora sobre la ley actual.
Sin las nuevas protecciones los trabajadores indocumentados y huéspedes serián pagados por debajo de lo que merecen y los estadounidenses empleados en ocupaciones similares serían forzados a competir con dos millones de trabajadores sin derechos. Como resultado, los estadounidenses también sufrirán porque sus salarios y condiciones de trabajo no se podrán mejorar. La alta probabilidad de que la Cámara de Representantes no apruebe ninguna ley sobre una reforma migratoria este año—justifica que Brown las firme todas.
