Sin ciudadanía y sin derechos
El más alto tribunal de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional (TC) le ha quitado los derechos de ciudadanía a unos 300,000 dominicanos de ascendencia haitiana nacidos después de 1929. Eso significa que podrían ser deportados para el próximo año. También se verían afectados las comunidades inmigrantes árabes y chinas que residen en el país.
El jueves pasado, el TC declaró que había que excluir de la ciudadanía a una amplia categoría de los haitianos que fueron traídos para trabajar en las fincas de caña de azúcar, así como sus descendientes. El tribunal argumentó que los trabajadores agrícolas haitianos en 1929 estaban en tránsito, lo que significa que sus hijos no tienen derecho a la ciudadanía automática. La decisión es definitiva y no puede ser apelada.
Países como Inglaterra, Australia y Francia han abolido el derecho a ciudadanía por nacimiento, y en Latinoamérica, las restricciones varían por país para el derecho a ciudadanía , pero ninguna ha abandonado la practica. Lo que es particularmente perjudicial sobre la decisión en la República Dominicana, es su aplicación retroactiva de 84 años. De repente, cientos de miles de personas se han convertido en apátridas, a menos que se legisle un plan de legalización que aún no se ha planteado.
De acuerdo a Refugees International, las consecuencias de ser desnacionalizado son desastrosas. Ponen en riesgo a estos seres humanos al carecer de protección legal, acceso a servicios básicos, oportunidades de empleos, de poder viajar, y pocas protecciones contra el tráfico humano, el acoso y la violencia.
A la misma vez, grupos pro derechos humanos y activistas pro inmigrantes donde hay gran concentración de dominicanos en el exterior, al igual que sus gobiernos, como el consulado Dominicano en Nueva York, luchan y exigen una profunda reforma migratoria para sus expatriados.
La hipocresía, el racismo institucional son repugnantes. Sin haberse nunca efectuado una regularización migratoria después de más de un siglo de presencia de esta comunidad, la sentencia oficializa un genocidio civil. Para colmo, la comunidad afectada ya fue víctima de una masacre de negros y haitianos ordenada por el Jefe de Estado hace 76 años.
Esta decisión fruto de ideologías xenofóbicas expone a todo un país a la ridiculez internacional, poniendo en riesgo miles de vidas e importantes intereses dominicanos.
Este cambio drástico de las políticas de ciudadanía por derecho de nacimiento de la nación es inconcebible. La posición de la extrema derecha elitista y la alta jerarquía gubernamental en este asunto es profundamente inhumana.
La comunidad internacional, mediante sanciones, y los consulados dominicanos, deben poner presión al Gobierno para frenar de inmediato esta violación de derechos humanos. Nosotros instamos al gobierno dominicano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana no se vean privados de su derecho a la nacionalidad, de acuerdo con las obligaciones internacionales del país de respeto a los derechos humanos.
