Dominicana niega deportaciones masivas

Dominico-haitianos protestan en las afueras de la Corte Constitucional en Santo Domingo, luego que un alto Tribunal Constitucional le quitara  a más de 300 mil dominicanos de ascendencia haitiana la nacionalidad de este país.

Dominico-haitianos protestan en las afueras de la Corte Constitucional en Santo Domingo, luego que un alto Tribunal Constitucional le quitara a más de 300 mil dominicanos de ascendencia haitiana la nacionalidad de este país. Crédito: ap

MEXICO — Representantes del gobierno de República Dominicana negaron la realización de expulsiones arbitrarias masivas de su territorio de dominicanos y/o inmigrantes por cuestiones raciales, como ha sido señalado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas víctimas de esas deportaciones. y cuyos delegados sostienen son parte de un patrón de discriminación que se mantiene hasta la fecha.

En el segundo y último día de una audiencia pública realizada en la ciudad de México, los representantes gubernamentales cuestionaron tanto la veracidad sobre la nacionalidad de algunas de las presuntas víctimas como que haya ocurrido hace más de una década la deportación que reclaman, además de que rechazaron que exista una política de gobierno de discriminación racial institucional como alegan las organizaciones que llevaron la denuncia ante el tribunal interamericano.

La CorteIDH analiza el caso conocido como “Tide Méndez y otros vs. República Dominicana”, relacionado con la expulsión de 27 personas, y que es presentado como muestra de un patrón de discriminación y supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante redadas y repatriaciones masivas en la década de 1990 y que se extendería hasta la fecha.

“No hay prueba documental, no hay testigos, no hay nada, sólo la declaración y con irregularidades importantes”, dijo José Casado-Liberato, analista de derechos humanos de la cancillería dominicana. Los representantes de las víctimas han criticado en los dos días de la audiencia la negativa permanente del gobierno dominicana a reconocer las expulsiones arbitrarias y los patrones de discriminación.

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