Sindicatos mexicanos heredaron vicios de “La Quina”

El ex líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llegó a amasar una fortuna calculada extraoficialmente en más de $3,000 millones de dólares, a base de chantajes, abuso de poder y corrupción

Joaquín Hernández Galicia conocido como "La Quina" en una foto de mayo 27 de 2005.

Joaquín Hernández Galicia conocido como "La Quina" en una foto de mayo 27 de 2005. Crédito: Archivo / AP

MÉXICO, D.F.- Con dinero baila el perro, canta el dicho popular que Joaquín Hernández Galicia “La Quina” siguió al pie de la letra durante años que manipuló al gremio de la máxima empresa nacional Petróleos Mexicanos (Pemex) con el visto bueno del Estado que aún conserva el mismo sistema sindical.

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El líder petrolero con fama de soltar billetes al aire cada vez que su equipo metía un gol o para quienes callaban frente a sus actos de corrupción, murió a los 91 años en Tampico, Tamualipas, pero el estilo corporativista que lo llevó a la cumbre a cambio de votos continúa.

Los sindicatos en México continúan sin democratización interna, monopolizados y sin transparencia igual que en 1949 cuando el entonces presidente Miguel Alemán institucionalizó la alianza con caciques que garantizaban el sufragio a cambio de tener las manos libres.

Ya en 2012, durante la discusión de la Reforma Laboral -impulsada por Felipe Calderón – el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bloqueó el Congreso la iniciativa que pretendía obligar a los sindicatos a rendir cuentas de manera pública.

“El PRI sabe que los sindicatos tal como funcionan ahora no sirven al país porque sólo están sangrando a las empresas y los trabajadores, pero no está todavía preparado para perder los votos que garantizan”, observó el analista legislativo y consultor político Fernando Dworak.

“La única diferencia entre ‘La Quina’ y los actuales líderes sindicales es que Hernández Galicia quedó mal con el presidente en turno, igual que Elba Esther Gordillo (dirigente del magisterio hasta su encarcelamiento), y los otros no”.

En 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari acusó y encarceló al líder sindical de homicidio y acopio de armas.

“Joaquín ha enloquecido de poder”, acusó en su momento Héctor García Barragán, un desertor del sindicato que operaba en Coatzacoalcos (Veracruz) bajo el esquema corruptor que presuntamente armó “La Quina” para conservar el poder a través de dinero en efectivo, préstamos personales, chantajes o viajes de placer.

García delató en una larga carta dirigida al entonces presidente Miguel de la Madrid publicada en la prensa sobre las fiestas y derroches en Las Vegas, Lake Tahoe y Atlantic City para grupos de hasta 60 personas afines al líder que viajan en aviones privados acompañados de mujeres “para su diversión”. Todo pagado con los desvíos de recursos de Pemex.

La fortuna de Hernández Galicia se calculó extraoficialmente en alrededor de $3,300 millones de dólares, pero el gobierno nunca investigó a fondo porque, según apreció el historiador como Lorenzo Meyer, Salinas de Gortari sólo buscaba frenar al líder sindical que “traicionó al sistema” al apoyar la campaña presidencial del opositor Cuauhtémoc Cárdenas.

Desde entonces el acto de quitar de en medio a sindicalistas incómodos se denomina “quinazo” tal como se llamó a la aprehensión de Gordillo ?también acusada de desviar los dineros del sindicato– quien no apoyó la candidatura ni la reforma educativa del actual mandatario Enrique Peña Nieto.

“La Quina” salió libre por amnistía en 1997 -ya bajo la administración de Ernesto Zedillo-, se retiró a su natal Tamaulipas y no volvió a meterse en política ni a abrir la boca.

Se lleva al Golfo de México, donde se lanzarán sus cenizas, muchos secretos para sanar la vida pública del país.

Mientras la vida sigue, las empresas privadas encontraron la manera de amortiguar los daños de las malas prácticas sindicales aprovechando justamente los acuerdos entre sindicatos y gobierno.

“La ley no obliga a que el representante sea consensado por los trabajadores y las compañías están haciendo sindicatos a modo para que permitan los famosos contratos de protección patronal”, explicó Enrique Favela, de la disidente Unión Nacional de Trabajadores. “El que queda siempre en desventaja es el trabajador”.

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