Culpable por los implantes defectuosos

Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP.

Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP. Crédito: efe

MARSELLA, Francia/AP — Un empresario francés fue hallado culpable de fraude ayer y sentenciado a cuatro años de cárcel por vender miles de implantes de senos deficientes y llenos de silicona industrial.

Jean-Claude Mas vendió implantes que eran vulnerables a filtraciones y estaban llenos de silicona tipo industrial en vez del tipo médico, falló el tribunal de Marsella. Su abogado prometió apelar la decisión.

De acuerdo con cálculos gubernamentales, más de 42,000 mujeres en Gran Bretaña recibieron los implantes, así como más de 30,000 en Francia, 25,000 en Brasil, 16,000 en Venezuela y 15,000 en Colombia.

El tribunal también determinó que la empresa alemana TUeV Rheinland, dedicada a poner productos a prueba y que había certificado a la empresa de Mas, Poly Implant Prothese (PIP), fue víctima de engaño. Ello tiene implicaciones para miles de mujeres en todo el mundo que han pedido compensación por haber recibido implantes de senos falsos.

No quedaba claro de inmediato cómo el veredicto afectará la decisión de un tribunal comercial de Toulon que el mes pasado ordenó a TUeV pagar compensación a más de 1,600 mujeres y a seis distribuidoras debido a fallas con los implantes.

Los implantes de PIP tenían silicona de tipo industrial en vez del tipo médico y eran propensos a sufrir filtraciones. Unas 125,000 mujeres recibieron cirugía plástica con implantes de PIP.

Mas ya cerró la compañía. Debido a que PIP está en bancarrota, las 5,000 mujeres que participaron en la demanda probablemente no recibirán compensación. Pero TUeV, una empresa importante en ese sector y que era responsable de velar por la calidad de los implantes, tiene enormes recursos financieros.

TUeV rechaza toda responsabilidad en el caso y ha prometido apelar el fallo judicial, que podría obligarla a pagar 50 millones de euros (67 millones de dólares) de compensación por daños, lo que en promedio son unos 3,000 euros por mujer, dicen abogados.

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