Masacre en la sierra oaxaqueña

MÉXICO, D.F. — Los cuerpos calcinados de once personas, entre ellos, tres mujeres y tres niños, son velados en el municipio indígena de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca (sur), ubicado en una de la zonas más conflictivas del estado que comparten indígenas triquis y mixtecos con altos índices de emigración.

Los encontraron el fin de semana dentro de una camioneta abandonada en un paraje aledaño a la cabecera municipal tras el incendio que consumió su vida en medio de un misterio que cuenta por ahora sólo con una pista: el asesinato múltiple fue premeditado ya que una de las víctimas tenía el tiro de gracia en el entrecejo.

Hace años que las disputas por el control político y religioso tiñe de sangre la región que ocupa el tercer lugar nacional por el número de asesinatos de activistas sociales (alrededor de 10 anuales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sin una intervención efectiva del Estado.

En la región triqui, el municipio de San Juan Copala se declaró autónomo indígena desde 2008, una condición que pretendía mejorar las condiciones políticas; sin embargo, las muertes aún son el pan de cada día, principalmente por las riñas de tres organizaciones.

En 2010 la tensión alcanzó incluso a dos personas que ofrecían ayuda humanitaria. Jery Jakkola, de origen filandés, y la mexicana Beatriz Cariño murieron emboscados. En días pasados un comando secuestró en su oficina al líder del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas Luciano Sixto López, de 43 años.

El activista apareció muerto a las pocas horas. Cinco balazos que indignaron por igual a la Oficina en México del alto comisionado de la ONU y a la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional que condenaron los hechos sin eco en el gobierno.

En agosto pasado un grupo de desconocidos llegó hasta el domicilio del activista mixteco Arturo Pimetel, del binacional Frente Indígena Campesino en San Agustín Las Juntas, cerca de Juxtlahuaca.

De otro lado, debido a los agravios presentados ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), se confirmó la sentencia contra un sujeto acusado de participar en la muerte de dos personas y lesionar a otra en la delegación Venustiano Carranza.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que los magistrados de la Tercera Sala Penal resolvieron bajo la toca penal 695/2013, ratificar la pena impuesta de 50 años y cinco meses de cárcel contra Marco Antonio Reyes García.

Según se establece en el expediente, en julio de 2012 el juez 48 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente dio esa sentencia luego de hallar a Reyes penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado contra dos personas y homicidio calificado en grado de tentativa.

La dependencia capitalina explicó que dentro del expediente, el representante social acreditó que el 16 de enero de 2011 los ahora occisos y el lesionado ingerían bebidas alcohólicas en calles de la colonia Aquiles Serdán, delegación Venustiano Carranza.

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