Críticos a Juegos de Sochi sufren represalias

Son tercos, temerarios y se sienten acorralados. Activistas y periodistas de Sochi que llevan años denunciando el lado oscuro de los Juegos Olímpicos de Invierno en los que tanto ha invertido Vladimir Putin, están pagando caro su arrojo.

Las acusaciones apuntan al gobierno ruso. En la foto aparecen el primer ministro Dmitry Medvedev, el vice primer ministro Dmitry Kozak y el presidente del Consejo de Observación, Oleg Deripaska.

Las acusaciones apuntan al gobierno ruso. En la foto aparecen el primer ministro Dmitry Medvedev, el vice primer ministro Dmitry Kozak y el presidente del Consejo de Observación, Oleg Deripaska. Crédito: EFE / Ekaterina Shtukina

SOCHI, Rusia.- En los últimos meses han sido detenidos, juzgados e incluso se les ha prohibido ir a la playa. A escasos dos meses de los juegos, las autoridades están apretando las tuercas a estos hombres y mujeres que se niegan a suspender sus denuncias de lo que presentan como la destrucción del medio ambiente y de un estilo de vida.

En un informe reciente, la organización Human Rights Watch dijo que consideraba a las autoridades locales directamente responsables de una campaña de hostigamiento de esos activistas. Otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron los antecedentes de Rusia en el terreno de los derechos humanos por años, pero hay quienes dicen que las tácticas que se están empleando en Sochi son extremas incluso en un país con algunos patrones autoritarios.

“Las autoridades de la región de Krasnodar hostigan a los ambientalistas y otros activistas que osan criticarlos en el contexto de la preparación de los Juegos Olímpicos de Sochi”, afirmó Yulia Gorbunova, investigadora de Human Rights Watsh. A medida que se acercan los juegos, sostuvo, “la presión aumenta”.

Anna Minkova, portavoz del gobierno de Krasnodar, dijo que las autoridades “no están al tanto de las instancias de hostigamiento de activistas civiles” que le mencionó la AP. Agregó que las actividades de las fuerzas policiales no están bajo la jurisdicción de la administración regional. Las fuerzas policiales locales, que responden a organismos nacionales, desistieron de responder a las preguntas de AP sobre la represión de los activistas, acompañadas de casos específicos.

Aquí algunos de los activistas y periodistas a la vanguardia de la campaña de denuncias de corrupción y de daños al medio ambiente asociados con los Juegos de Invierno, cuyo costo es de 51,000 millones de dólares.

Cuando Kravchenko visitó la empresa abastecedora de agua para pedir explicaciones por un corte en el suministro a Sochi, se vio rodeada de guardias. La veterana periodista logró salir del lugar a los empellones, mientras los guardias la tomaban de la ropa y tironeaban, al punto de que le desgarraron una manga. Al día siguiente, Kravchenko fue acusada de golpear a un guardia que se le había tirado encima. Se presentó un informe médico que documentaba un raspón de tres milímetros en la oreja. Seis meses después, Kravchenko fue hallada culpable de agresión y multada con el equivalente a 300 dólares.

Kravchenko ha documentado daños al medio ambiente y abusos de las autoridades por años como periodista del Nudo Caucásico, un importante portal noticioso. Fue insultada y amenazada. Pero nada la preparó para un juicio por supuestas agresiones a un guardia. Dijo que el proceso fue una represalia contra una periodista molesta. La empresa de agua y las autoridades judiciales no respondieron a solicitudes de comentarios.

Gazaryan es un zoólogo que denunció al gobernador Alexander Tkachev, conocido como “Sanya”, por levantar una casa en un bosque donde está prohibido construir viviendas. El año pasado fue hallado culpable de “destrucción deliberada de la propiedad” y recibió una condena a tres años de cárcel en suspenso, por pintar el cartel “Sanya es un ladrón” en un cerco.

No importó que el cartel no lo haya pintado él sino unos compañeros. Las autoridades la emprendieron contra Suren y contra su compañero Yevgeny Vitishko, otro feroz crítico de los daños al medio ambiente relacionados con los juegos. “Tenían que castigarnos”, dijo Gazaryan.

En otra ocasión Gazazyan fue a investigar informes de que Putin tenía una mansión secreta y terminó acusado de amenazar de muerte a guardias de seguridad. “Eran dos tipos grandotes con cachiporras, pero resulta que yo los amenacé a ellos”, expresó Gazazyan.

Dado que tenía libertad condicional, temió ser encarcelado y huyó, consiguiendo asilo político en Estonia este año.

Su amigo Vitishko, quien también está en libertad condicional, sigue viviendo en la región de Sochi. Las autoridades han pedido que se lo encarcele y esta semana tiene una vista.

Kalinovskaya se hizo activista al darse cuenta de que se estaban haciendo obras sin consultar con los residentes de esos lugares.

“Hasta donde sabemos, no hubo licitaciones y no teníamos idea de lo que sucedería con nosotros”, declaró. “Los primeros proyectos que vimos nos los mostraron periodistas extranjeros porque aquí no había adónde preguntar. Vimos que el cementerio, que está hoy rodeado de instalaciones olímpicas, no figuraba en el mapa. Mi abuelo yace allí. Es mentira que se trate de un descampado”.

Kalinovskaya y sus vecinos escribieron decenas de solicitudes y organizaron actos para protestar lo que describen como la construcción ilegal de obras en la playa.

La activista, quien tiene un título de economía, ha sido detenida varias veces en manifestaciones de protesta.

En febrero la empresa Olympstroi la demandó aduciendo entorpecía las obras de la playa y un juez le prohibió acercarse al lugar. El juez Alexander Yakimenko dijo que la presencia de la mujer y de otros imputados “impide operar las máquinas y comprometa la finalización a tiempo de las obras”.

Kalinovska niega las acusaciones.

“Jamás tratamos de demorar las obras de los juegos”, expresó. “Solo quisimos impedir la destrucción de la playa. Putin debería avergonzarse de destruir esta hermosa playa, un sitio único”.

Rudomakha lidera la agrupación Vigía Ambiental del Norte del Cáucaso, que ha denunciado la existencia de vertederos ilegales, la destrucción de paisajes y de árboles y la contaminación de un río.

Ha tenido numerosos problemas con las autoridades. Fue detenido en actos de protesta, denigrado en la prensa oficial y su oficina fue allanada por el Servicio de Seguridad Federal.

Ahora está siendo investigado bajo sospecha de injuriar a un juez que según él condenó a un activista por órdenes del gobierno.

“Las autoridades están enviando un mensaje: No te pases de la raya o te las verás mal”, dijo Rudomakha.

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