El deportador en jefe

Inmigración

No soy un admirador de Nancy Pelosi. De hecho, nunca he estado de acuerdo con ella en nada. Pero, curiosamente, hace unos días dijo algo sobre lo cual tengo que darle toda la razón. En un programa dominical de análisis noticioso critico severamente la política de deportaciones masivas del presidente Obama declarándola “injusta” y reafirmando su creencia de que “si alguien esta aquí sin suficientes documentos, eso no es una razón para deportarlo”.

Más claro no canta un gallo. La líder de la minoría Demócrata de la Cámara le cantó la verdad al presidente sin rodeos y sin “dorar la píldora” por el estricto régimen de deportaciones de su administración, bajo el cual cientos de miles de personas que no presentan riesgo alguno a la seguridad de nuestras comunidades han sido expulsadas del país. Este presidente, que siempre se nos ha querido vender como el amigo del inmigrante y del latino, es el presidente que más inmigrantes ha deportado desde que se comenzaron a registrar las estadísticas de deportaciones en 1892. La ironía no puede ser más grande.

Solo en el primer cuatrienio de Obama, del 2009 al 2012, se removieron más de 1.5 millones de personas, y el año pasado más de 409,000 personas fueron deportadas.

Pero, peor aún, el presidente, incumplió con su promesa de que su administración se enfocaría prioritariamente en deportar a personas que han cometido delitos graves. Las propias estadísticas del Departamento de Seguridad Interna demuestran que, en los primeros cuatro años de esta administración, más de la mitad de las personas deportadas no tenían antecedentes penales. Y, el año pasado, alrededor de un 45% de los deportados, más de 180,000 personas, no tenían record criminal grave.

El Departamento de Seguridad Interna acaba de hacer públicas las estadísticas para este año y parece que las cosas han mejorado. Aunque el número de deportaciones se mantuvo alto, más de 360,000 fueron deportadas; de las personas sin antecedes penales que fueron removidas, un 84%fueron detenidas tratando de cruzar ilegalmente la frontera. En otras palabras, no son personas que han estado dentro del país por mucho tiempo, trabajando, y que han establecido raíces profundas en el país.

Hay que reconocer que el presidente finalmente está empezando a ajustar el enfoque de las deportaciones, pero hay que admitir al mismo tiempo que el daño ya está hecho. Cientos de miles de personas buenas y honradas que habían hecho de los Estados Unidos su hogar fueron expulsadas del país innecesaria y arbitrariamente durante los pasados cuatro años, separando muchísimas familias a través de la nación.

Al presidente no le gusta que lo critiquen por esto pues quiere que los latinos solo culpen a los Republicanos por los problemas migratorios que muchos en nuestra comunidad experimentan. Es la narrativa simplista y absurda de siempre: los Republicanos son los malos y los Demócratas y yo somos los buenos.

No soy un fanático político partidista. Reconozco que hay muchos Republicanos que consideran que las deportaciones en masa están justificadas. Pero, estos no controlan el Poder Ejecutivo. El presidente es el único responsable, según la ley y nuestro sistema constitucional de gobierno, de administrar la política migratoria, incluyendo la política de deportaciones.

La realidad es que el presidente tenía toda la autoridad en ley para detener estas deportaciones y no lo hizo. La Ley de Inmigración y Nacionalidad le otorga gran discreción al Departamento de Seguridad Interna para determinar cómo proceder con inmigrantes indocumentados que son detenidos.

En el reciente caso de Arizona v. U.S., en el que el Tribunal Supremo consideró la constitucionalidad de varias disposiciones de la controvertible ley anti-inmigrante de Arizona, el Juez Kennedy dejó claro que: “una de las principales características del sistema de remoción es la amplia discreción que ejercen los oficiales de inmigración. Los oficiales federales, como asunto inicial, deben decidir si tiene sentido alguno buscar la remoción” y, más adelante, declaró, que esa “discreción en el ejecutar la ley de inmigración toma en cuenta consideraciones humanas inmediatas. Trabajadores indocumentados que están tratando de mantener a sus familias, por ejemplo, probablemente presentan menos peligro que inmigrantes que son traficantes o han cometido un crimen serio. La equidad de un caso individual dependerá de muchos factores, incluyendo si una persona tiene hijos que han nacido en los Estados Unidos, vínculos de mucho tiempo con la comunidad, o un record de servicio militar distinguido.”

El presidente, en efecto, utilizó esta discreción que le da la ley para otorgarle la llamada “acción diferida” a aquellas personas que entraron al país ilegalmente cuando eran menores de edad de manera que no sean deportadas y puedan quedarse en el país a trabajar o estudiar. Si la usó para los “soñadores”, la podía haber utilizado para impedir la deportación de gente trabajadora y honesta.

Es hora que el presidente deje de culpar a los Republicanos por todo lo malo que sucede a través del sistema de inmigración. Que no quepa duda: aunque las recientes estadísticas nos deben dar esperanza, el legado de este presidente como un “deportador en jefe” ya ha sido registrado por la historia.