La Navidad de los deportados salvadoreños

SAN SALVADOR– Falta poco para la Navidad. La terminal de pasajeros del Aeropuerto de Comalapa rebosa de pasajeros que llegan de los Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares. Abrazos, valijas enormes repletas de regalos, dicha en los rostros.

Lejos de esa algarabía, a un costado del aeropuerto, en el edificio de Repatriaciones Aéreas (antes “Bienvenido a casa”), la escena es distinta. Acaba de aterrizar uno de los cinco vuelos que llegan de lunes a viernes con migrantes deportados. La aeronave que los transporta, desprovista de distintivos y colores comerciales, trae el máximo de pasaje autorizado para este tipo de embarques: 120 personas, entre ellos seis mujeres.

“La carga emocional es de frustración –dejan familiares, tienen deudas– pero también es de sentimientos encontrados porque también regresan a su país”, comenta un funcionario del aeropuerto que ha visto muchas veces el arribo de salvadoreños expulsados de los Estados Unidos.

La mayoría de ellos son jóvenes, no pasan de los cuarenta. Sus zapatos no tienen cordones, pues se los confiscaron al ingresar a la prisión.

Una buena parte de los que han vuelto apenas lograron cruzar la frontera antes de que la Policía de Inmigración (ICE) los capturara.

“Cruzando el río nos detuvo migración”, dijo Edwin Ramírez, de 34 años y mecánico de oficio. Su meta era llegar a Carolina del Norte, donde le esperaban su madre y sus hermanos. Después de la captura, siguió un rosario de visitas a centros de detención en Texas, Nueva Jersey y Lousiana.

El contingente pone atención a las instrucciones que les imparten los delegados del Gobierno que les dan la recepción. Intervienen la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Salud.

Si traen consigo tarjetas de débito, les explican, pueden retirar dinero en los cajeros automáticos habilitados en la terminal del aeropuerto. También les advierten que deben desconfiar de los desconocidos que les ofrezcan conducirlos a sus lugares de residencia o alquilarles un teléfono para hacer llamadas telefónicas. Esto último podría conllevar a extorsiones.

Les informan que, quienes lo requieran, serán trasladados a una terminal de autobuses para que puedan dirigirse a sus casas. Después sigue una sesión de vacunación (contra el tétano); les toman las huellas dactilares y les hacen una entrevista. Pueden usar los baños, de cinco en cinco. También hay pupusas y una soda. En una pequeña bodega del edificio hay muletas, ropa, zapatos, kits de limpieza. La mayoría vienen de donaciones.

Antes de que el avión de los deportados aterrice, la PNC ha recibido un registro de antecedentes. Esta vez, elementos de la Unidad de persecución de fugitivos se han hecho presentes para arrestar a uno de los recién llegados.

“Por el delito de extorsiones”, explica un agente. Junto con los homicidios, son crímenes que no prescriben.

“Se sufre mucho, pero la verdad es que la necesidad lo hace a uno que vaya para allá”, cuenta Fredy Cardoza, de 33 años. El país no le sonríe tras el retorno forzoso. No completó el noveno grado de educación, y hallar empleo es casi una quimera en un país en el que más de la mitad de la población económicamente activa se debate entre el desempleo y el subempleo.

“Esta es mi tercera deportación”, explica. En el segundo intento, en castigo por su reincidencia lo internaron en una cárcel federal. Esta vez no. La deportación fue expedita.

Ser expulsado de la tierra en la que cifraba sus esperanzas, le ha costado la ruptura familiar: en Estados Unidos han quedado sus hijos, de siete y ocho años, respectivamente.

Y a estas alturas las cosas pintan demasiado brumosas como para que pueda saber si volverá a intentarlo.