Aceptan errores en indagatoria por migrantes

MEXICO/AP — Autoridades de México incurrieron en omisiones y prácticas irregulares en la investigación de la masacre de 72 migrantes en 2010 a manos de un cartel de las drogas, lo cual se tradujo en deficiencias en la identificación de las víctimas, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A más de tres años de una de las peores masacres atribuidas al narcotráfico, el organismo emitió un reporte en el que señaló que entre las irregularidades detectadas está la falta de preservación de las evidencias en el lugar del crimen, la recolección precipitada de indicios y la mala actuación en torno a los cadáveres, algunos de los cuales fueron dejados a la intemperie y varios sometidos a necropsias de manera tardía.

Para la Comisión, ese tipo de irregularidades han provocado que hasta ahora 12 de las 72 víctimas continúen sin ser identificadas y sus cuerpos permanezcan en una fosa común.

El reporte de la Comisión, divulgado en su página de internet, responsabiliza a por lo menos una decena de funcionarios estatales y federales de las omisiones.

San Fernando, una municipalidad del estado norteño de Tamaulipas cercano a la frontera con Texas, fue escenario en agosto de 2010 de la peor masacre hasta ese momento cuando marinos encontraron dentro de un rancho los cuerpos de 72 migrantes acribillados por negarse a integrar a las filas del cartel de Los Zetas, según se desprendió de las declaraciones de dos sobrevivientes y de indagatorias federales.

La localización de los cuerpos se hizo luego de que un ecuatoriano escapó malherido y llegó hasta un retén de la Marina. Posteriormente se supo que un hondureño también sobrevivió.

El ecuatoriano dijo a las autoridades que los responsables se identificaron como “Zetas”, quienes llevaron a los migrantes a un galpón abandonado en un rancho de San Fernando, donde sus captores les ofrecieron ser reclutados como pistoleros del grupo. Pero al negarse, los migrantes fueron acribillados.

La masacre ocurrió el 22 de agosto, pero dos días después fue cuando personal de la Marina encontró los cuerpos y ahí comenzaron las irregularidades.

Ni la procuraduría ni el gobierno de Tamaulipas habían comentado sobre el reporte.