Nuevos casos de deportaciones aplican cierre administrativo

El cierre administrativo de casos en cortes de inmigración, originalmente anunciado en 2011 para “aligerar” el número de casos acumulados al sistema, continúa siendo utilizado en nuevos casos de inmigración, aunque el porcentaje de los casos liberados continúa siendo muy reducido, alrededor del 7%, indicaron analistas.

No obstante, hay tribunales que cierran un porcentaje mayor de casos. Por ejemplo en Los Ángeles, un 23% de los casos de inmigración en tribunales resultan cerrados por “discreción de la fiscalía”, lo que quiere decir que el gobierno federal desistió en deportar a ese migrante y cerró o “archivó” su caso. El cierre administrativo no confiere ningún estatus legal ni permiso de trabajo sino simplemente suspende temporalmente la amenaza de deportación y deja al migrante tranquilo, aunque en el limbo.

Este análisis de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, señala que en los primeros tres meses del año fiscal 2014 (Octubre a Diciembre de 2013), el uso de “discreción” cerró 2,993 casos, o 7% de todos los casos cerrados por diferentes razones en dichos tribunales. El año fiscal anterior, esta cifra alzanzó 16,306 casos y en 2012, el primer año que se aplicó este tipo de cierres, se beneficiaron 9,684 personas.

En total, según cálculos de los mismos analistas, 28,983 casos han cerrado en cortes de inmigración por decisión de la fiscalía. Según la orden inicial, emitida en Agosto de 2011, se trata de casos en los que se toma en cuenta los lazos de la persona y contribuciones con su comunidad, sus relaciones familiares y record de servicio militar para decidir si su deportación es o no una prioridad.

El relativamente bajo porcentaje de casos cerrados con respecto al total ha desilusionado a activistas, que esperaban un uso más vigoroso de la discreción. No obstante, TRAC indicó que en algunas cortes donde se ven pocos cierres (como Nueva York, donde apenas cerraron 3% de casos) es probable que una de las razones sea que menos personas de baja prioridad entran en las cortes de deportación por decisión de las autoridades al detenerlos.