Una venganza del Estado
La pena de muerte es un castigo extremo, irremediable y absolutamente inadecuado para un sistema de justicia deficiente como el Texas. El caso de Edgar Tamayo Arias es un ejemplo de todo lo incorrecto que existe en la aplicación de la pena capital.
Tamayo es un ciudadano mexicano condenado a muerte por el brutal asesinato de un policía. Al ser detenido no se notificó de inmediato al consulado mexicano para asegurar que tenga una defensa adecuada. En consecuencia, el defensor público no argumentó en el juicio los elemento mitigantes como los sufrimientos de infancia del acusado y el impacto en su conducta que tuvo una seria herida cerebral a los 17 años. Tampoco se dijo que Tamayo tiene un coefciente de inteligencia de 67 ni que un análisis lo definió con un retraso mental, condición que lo eximiría de la ejecución, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2002.
Sin embargo, para Texas ya es muy tarde para argumentar el retraso mental. No cabe duda que el gobernador Rick Perry quiere seguir con el record que lleva hasta el día de hoy de 250 en 12 años.
A Perry no le preocupa que la ejecución de Tamayo ponga en riesgo a los estadounidenses en el exterior como lo explicó el secretario de Estado, John Kerry, al referirse al incumplimiento de tratados consulares.
Tampoco preocupan los continuas fallas del sistema judicial de Texas que condena personas a pena de muerte y cadena perpetua para liberarlos 20 años después por los errores cometidos en los juicios. Texas es el tercer Estado de todo el pais con la mayor cantidad de convicciones erroneas y el único de este trio con pena capital.
La pena de muerte, por otra parte, es un castigo bárbaro, es una retribución, es el ojo por ojo diente por diente sin ningún otro valor. Está comprobado que como castigo ejemplar no es disuasivo para desalentar el crimen.
La ejecución de Tamayo es una venganza del Estado que en Texas se aplica sin respetar los convenios internacionales, el derecho de un acusado a tener una defensa competente, ni los fallos de la Suprema Corte de Justicia que prohiben ejecutar a individuo con retrasos mentales.
Una ejecución en estos términos se asemeja más a un asesinato legal que a un acto de justicia.
