Poder fallido y violencia
Resalta el caso de las milicias en Michoacán, México. Son ciudadanos organizados para combatir la violencia del narcotráfico ante la inacción de las autoridades
Mujeres se unen a grupos de autodefensas en la población de Nueva Italia, en el estado de Michoacán, para combatir a los 'templarios'. Crédito: EFE
Los gobernantes olvidan que al desatender las necesidades básicas del pueblo pierden autoridad y generan violencia. ¿Por qué? El pueblo se rebela para cubrir sus carencias (seguridad ciudadana, justicia, salud, alimentación) y/o para manifestar su frustración. El gobierno responde con represión porque carece del reconocimiento popular para alcanzar consensos por una vía pacífica.
En el siglo XX, la periodista y politóloga alemana Hannah Arendt escribió que a menor poder de un gobierno, mayor era su uso de la violencia, o sus amenazas de usarla (“poder” entendido como el reconocimiento popular a un gobierno, que hace innecesaria la violencia estatal para controlar movimientos populares). El politólogo estadounidense Ted Gurr también explicó, con su teoría de privación relativa, que la base de las rebeliones (desde una manifestación violenta hasta una revolución) es una población con necesidades básicas insatisfechas.
Actualmente resalta el caso de las milicias en Michoacán, México. Son ciudadanos organizados para combatir la violencia del narcotráfico ante la inacción de las autoridades. Desafían al gobierno local y estatal, que en vano intenta disolverlos. Otro caso es la agresión contra la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, el pasado 14 de enero. Independientemente del debate respecto a si le lanzaron cal o harina durante un acto público, o quién orquestó la agresión, por primera vez (en la historia reciente del país) ocurre un ataque directo contra un alto funcionario. El hecho subraya cuán severo es el descontento con el actual gobierno.
En años anteriores, resaltan los disturbios masivos que sacudieron a Los Ángeles, California, cuando en 1992 fueron absueltos los policías acusados de golpear al motorista afroamericano Rodney King en 1991; los disturbios en Jamaica, en mayo de 2010, cuando un barrio completo trató de evitar la captura y extradición a EE.UU. de Christopher “Dudus” Coke por narcotráfico y, en octubre de 2013, el rescate de Ranferí Ponce en Guatemala a manos de una turba que evitó su encarcelamiento (por lavado de dinero) y vapuleó a los policías y soldados que lo capturaron.
En el caso de King y Los Ángeles, el veredicto fue una válvula de escape. El móvil inicialmente fue la frustración por denegación de justicia, pero hubo vandalismo masivo y saqueo de comercios por personas que aducían merecer hacerse de mercancía robada por ser de escasos recursos. La violencia dejó 55 muertos y al menos 2 mil heridos. Algo similar ocurrió durante la violenta invasión de EE.UU. a Panamá, para remover del poder al dictador Manuel Noriega, en 1989. En los casos de impedimento a capturas, el móvil fue rescatar a sujetos que atienden las necesidades básicas de sus comunidades, a cambio de protección y complicidad.
Pero los gobernantes no toman nota. Actúan tarde, y apagan incendios con más fuego. Ocurrió cuando una patrulla militar fue enviada a controlar una manifestación indígena contra el incremento de la tarifa de energía eléctrica, en Guatemala en octubre de 2012. La ineptitud de los soldados (y no una orden directa) dejó siete muertos y 34 heridos. Etiquetados como casos de conflictividad social, estos disturbios ocurren especialmente en comunidades donde la oposición a la explotación minera o hidroeléctrica es ignorada. En Michoacán, donde la inseguridad ciudadana genera enorme frustración, las acciones armadas gubernamentales sobre la milicia ya dejaron dos muertos, según reportes de prensa. Los hechos ocurren en medio de la generalizada desaprobación del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mientras tanto, el gobierno en Guatemala minimiza la agresión contra Baldetti al limitarse a atribuirla a un partido de oposición. Pero la fastuosidad de la entrega del informe del segundo año de gobierno demuestra que perdió la brújula.
Los gobernantes no entienden que pierden autoridad popular cuando desatienden las necesidades del pueblo. El precio es alto: una apuesta a la conflictividad social. Cuando esta tendencia echa raíz, los gobernantes se convierten en apagafuegos, que contribuyen a la inestabilidad de la región.
