Exbraceros mexicanos esperan resolución de pago
Los demandantes buscan el pago de alrededor de $65,000 que representaría el 10% de los $650,000 que habrían acumulado
Demandaron al gobierno mexicano por el fraude cometido en contra de trabajadores en Estados Unidos -entre 1942 y 1964. Crédito: La Opinión - / Archivo
México.- Unos 4,000 familias y exbraceros de Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y el Distrito Federal que se unieron para demandar al gobierno mexicano por el fraude cometido en contra de trabajadores en Estados Unidos -entre 1942 y 1964- esperan desde este lunes una resolución judicial en la Ciudad de México.
Este lunes estarán atentos a la audiencia en la cual el juez de Distrito Rodrigo Mauricio Nerón de Quevedo analizará los últimos elementos antes de dictar sentencia sobre este caso.
Los demandantes buscan el pago de alrededor de $65,000 que representaría el 10% de los $650,000 que, según cálculos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, acumularía un sólo trabajador del Programa Bracero en el que participaron 4.6 millones de mexicanos.
“Habrá que negociar cuánto se les va a dar porque son diferentes casos pero se les tiene que hacer justicia”, dijo Rosa Marta Zárate, de la Alianza de Exbraceros del Norte.
El abogado Porfirio Martínez, representante legal, indicó que el 18 de febrero cuando el juez dé a conocer su veredicto.
En caso de que el fallo resulte desfavorable, los demandantes recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante los 22 años que duró el convenio bilateral de trabajadores temporales, el gobierno mexicano los obligó a ahorrar el 10% de sus ingresos en cuentas que administraban Wells Fargo y Union Trust en San Francisco.
Los bancos transfirieron el dinero a México (se calcula que fue alrededor de $18 millones en 1964) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, donde desapareció.
En el sexenio del expresidente Vicente Fox (2006-2012) se creó un Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migrantes Mexicanos con el cual se finiquitó con $3,500 al 7% de los afectados.
Para 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, se canceló la partida. “Millones de los viejitos que aún viven (aproximadamente 2.5 millones) se quedaron sin nada “, recuerda Zárate.
