Piden restringir el uso de fuerza letal por Patrulla Fronteriza

WASHINGTON.- La reciente muerte del mexicano Jesús Flores Cruz a manos de un agente federal en las montañas de San Diego (California) irrita las relaciones entre EEUU y México, y refleja la urgencia de revisar el uso excesivo de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza, afirmaron este jueves expertos.

El incidente ocurrió el martes pasado cerca de Otay Mesa, en víspera de una cumbre norteamericana en la que los presidentes de EEUU, Barack Obama, y de México, Enrique Peña Nieto, se comprometieron a estrechar la cooperación en seguridad fronteriza.

El gobierno mexicano ha exigido a EEUU una investigación “exhaustiva” del incidente, tras señalar que desde 2010 ya suman 21 los incidentes en los que muere un inmigrante a manos de un agente fronterizo.

“Este caso es parte de un patrón preocupante, y el gobierno mexicano necesita quejarse y el estadounidense necesita actuar, absolutamente. La relación bilateral tiene sus irritantes pero no se va a paralizar, porque hay otros asuntos importantes en la agenda”, dijo Christopher Wilson, analista del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson en Washington.

El teniente de la oficina del Sheriff de San Diego, Glenn Giannantonio, dijo que la investigación, apoyada por el FBI, sigue en curso y solo esperan los resultados de la autopsia y de toxicología.

“El agente gritó advertencias en inglés y español pero el inmigrante comenzó a tirarle piedras, primero del tamaño de un puño y después del tamaño de una pelota de baloncesto, y una de las más grandes le golpeó la cabeza…no tenemos indicios para creer que el agente está mintiendo”, explicó.

Otros dos indocumentados, que no presenciaron el incidente por estar al otro lado de la colina cuando se produjo, fueron arrestados por un segundo agente, precisó Giannantonio.

El consulado de México en San Diego dijo que la Patrulla Fronteriza les confirmó anoche la identidad de la víctima en base a huellas digitales, pero nadie ha reclamado el cadáver que sigue en la oficina forense del condado.

Con frecuencia, los indocumentados tiran piedras a los agentes como una táctica de distracción mientras cruzan la frontera hacia EEUU.

En 2012, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), de la que depende la Patrulla Fronteriza, registró 185 ataques con piedras, y abrió fuego en 22 de los casos. En 42 ataques, usó otros métodos disuasorios como el uso de garrotes o gas pimienta.

Ese mismo año, un informe gubernamental, que incluyó datos del Foro Ejecutivo de Investigación Policial (PERF) recomendó restringir el uso de la fuerza letal para este tipo de ataques.

Pero la Patrulla Fronteriza no hizo caso y permite el uso de la fuerza letal si un agente siente que su vida corre peligro, aunque se comprometió a incrementar los talleres de capacitación sobre alernativas al uso de armas.

“Nadie dice que los agentes no pueden defenderse, pero deben tener opciones no letales y entrenamiento para asegurar que no se exceden. Por eso hay presiones para que haya un cambio en esta política”, observó Wilson.

El próximo comisionado de la CBP, Gil Kerlikowske, que aguarda la confirmación del Senado, se ha comprometido a aumentar la transparencia en la entidad.

EEUU gasta unos $17 mil millones anuales para la vigilancia fronteriza, tarea a la que se dedican 21,370 agentes federales y suele decir que la frontera “está más segura que nunca”.

Activistas pro-inmigrantes temen que incidentes como el que causó la muerte a Flores Cruz continuarán sin una reforma migratoria.

“Todo parece indicar que la Patrulla Fronteriza tiene mucho afán en apretar el gatillo primero y hacer preguntas después. La frontera no es el Viejo Oeste, y la agencia debe respetar los derechos humanos, por eso exigimos que el Departamento de Justicia investigue este asesinato y castigue a los culpables”, dijo Jorge Mario Cabrera, del grupo pro-inmigrante angelino CHIRLA.