Conmemoración de ciudadanía aviva debate
San Juan/EFE La Ley Jones-Shafroth que concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, firmada el 2 de marzo de 1917 por el entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson, cumplió ayer 97 años, sin que el debate sobre el futuro político de este Estado Libre Asociado a EE.UU. se haya cerrado.
Así, aunque los puertorriqueños tienen la ciudadanía estadounidense, no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de ese país y, entre otras particularidades, no pueden votar en las elecciones presidenciales si residen en la isla.
Este aniversario fue conmemorado en la isla con diferentes actos organizados al abrigo de la “Semana Conmemorativa del Advenimiento de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico” que promueve el Ejecutivo encabezado por Alejandro García Padilla, cuya formación, el Partido Popular Democrático (PPD), ha defendido tradicionalmente mantener el actual estatus de Estado Libre Asociado a EEUU.
Así, el Ejecutivo de la isla caribeña ha proclamado del 2 al 8 de marzo como la semana conmemorativa del advenimiento de la ciudadanía americana en Puerto Rico.
“Exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades públicas y privadas, cívicas y educativas, e igualmente a los medios de comunicación a la solidaridad que amerita esta conmemoración de eminente interés público”, reza la proclamación presentada e por el secretario de Estado, David Bernier, durante un acto de juramento de 64 nuevos ciudadanos americanos.
En ella se recuerda que en el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico se dispone que es un “factor determinante en la vida de los puertorriqueño disponer de la ciudadanía de EEUU” y que ésta “favorece la aspiración de enriquecer el acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas”.
Sin embargo, casi un siglo después de la concesión de la ciudadanía a los puertorriqueños, el debate sobre la identidad política de Puerto Rico sigue siendo un motivo de fuerte división interna.
Carlos Gorrín Peralta, abogado y experto en derecho constitucional, y en particular en las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y EEUU, señaló en una entrevista con Efe que, si algo está claro casi un siglo después, es que la ciudadanía estadounidense se le impuso a los puertorriqueños sin su consentimiento.
El letrado recordó que en la votación de la normativa de 1917 “la Cámara de Delegados -que junto al Consejo Ejecutivo constituía entonces el poder legislativo de la isla- votó en contra”, apuntó Gorrín Peralta, miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
