Latinos y gays: iguales ante la ley

Hay a quienes no les gusta hablar del tema, pero es hora de ser sensatos al respecto: el matrimonio gay llegó para quedarse. El tema divide a los latinos. Entre los argumentos que se ofrecen en su contra están los valores familiares, el cuidado de los niños y la religión.

Aun así, las percepciones de ayer han cambiado. Un estudio del Pew Research Center —dado a conocer días antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el estatuto federal definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer—, reveló que, al año 2012, un 52% de los hispanos apoyaba el matrimonio gay, frente a un 34% que se oponía.

Estas cifras marcan un revés importante, porque seis años antes, sólo un 31% de los latinos apoyaba el matrimonio gay, mientras que un 56% se oponía.

Claro, no todos los latinos son de un mismo parecer, y las cifras a favor o en contra del matrimonio gay fluctúan, según Pew, en base a la edad de la persona, su nivel de educación, su afinidad política o su afiliación religiosa. Con todo y eso, la opinión pública hacia la comunidad LGBT ya no es la misma de antes; el apoyo supera al rechazo.

A esto se suma lo que está ocurriendo en decenas de tribunales a lo largo y ancho del país. En los ocho meses desde que se decidió el caso United States v. Windsor, en el que una viuda neoyorquina demandó al gobierno federal por negarle beneficios tributarios tras la muerte de su esposa. Un tsunami de casos, fallos y cambios en políticas públicas, han dejado con los días contados a la definición tradicional del matrimonio.

De forma unánime, tribunales federales en Utah, Virginia, Kentucky, Nuevo Mexico, Oklahoma y West Virginia, entre otros, han invalidado leyes estatales que prohíben el reconocimiento u otros beneficios a matrimonios gays. Y en un fallo quizás simbólico, hace poco un juez federal en Texas declaró inconstitucional que el conservador estado le prohíba a parejas gays el derecho a casarse.

En su decisión, el juez Orlando García escribió: “La desigualdad impuesta por el estado (de Texas) no puede hallar amparo en la Constitución de los Estados Unidos. Las leyes de Texas le niegan a los demandantes acceso a la institución del matrimonio y sus varios derechos, privilegios y responsabilidades, por el sólo hecho de que los demandantes desean casarse con una persona del mismo sexo”.

En esas palabras se encuentra la clave del porqué los latinos —independiente de sus edades, tendencias políticas o creencias religiosas— debiesen ser aliados, no opositores, de los que exigen derechos conyugales: ambos grupos, históricamente, han sido blanco del trato discriminatorio y desigual por parte de ciertos estados, lo que simplemente no tiene cabida en nuestro orden constitucional.

¿O ya nos olvidamos que el mismo estado de Arizona, que estuvo a punto de aprobar una ley que permitía a negocios no prestarle servicios a gays y lesbianas, hace unos años aprobó una ley que facultaba a las fuerzas del orden a discriminar a latinos en base a sus estatus migratorio?

Las mismas fuerzas discriminatorias que operaron en ese entonces en contra del pueblo hispano, operan hoy en contra de la comunidad LGBT. Y poco a poco, como dominós, están siendo derribadas. No gracias a políticos o a movimientos ciudadanos, sino a la misma Constitución, ante la cual todos, sin excepción, somos iguales.