Entablan demanda por asesinato de migrantes en Tamaulipas

Entablan demanda  por asesinato de migrantes en Tamaulipas
A finales de 2014 se comenzará el proceso de licitación para la extracción del combustible.
Foto: archivo

México — Seis familias de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en el verano de 2010 se unieron para demandar legalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que modifique su informe sobre los hechos en el cual liberó de responsabilidad al Estado mexicano.

A decir de las víctimas, el máximo órgano defensor de las víctimas en México en lugar de pronunciarse por el derecho a la vida, declarar las violaciones como graves y determinar si el gobierno estuvo involucrado por acción u omisión, simplemente guardó silencio en su informe público sobre el caso presentado en diciembre pasado.

En éste culpó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno de Tamaulipas por no proteger evidencias del crimen, un descuido que generó problemas para identificar algunos cadáveres: todavía hay 12 en la fosa común.

“El informe fue ligero y mediocre y más de tres años después”, dijo David Mora, de la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho que, junto con el Padre Pedro Pantoja, del refugio para inmigrantes de Saltillo, empuja ante un juzgado federal un recurso de amparo desde enero pasado; este martes se sumaron dos familias más.

Si el juez falla a favor de los demandantes, la CNDH tendría que reescribir sus conclusiones sobre la masacre tomando en cuenta los testimonios solicitados.

“Desde el 2009, cuando tuvimos evidencia de los secuestros y asesinatos de emigrantes, pedimos al gobierno su intervención porque junto al crimen organizado había autoridades cómplices, pero no nos hicieron caso”, comentó el sacerdote Pantoja en entrevista telefónica. “Por eso queremos que se finque al Estado una responsabilidad por acción o por omisión o por las dos”.

De acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de los organismos oficiales encargados de vigilar las garantías individuales de las personas deben tener un sentido de “reparación del daño” a la víctima.