EEUU obliga a Toyota a pagar $1,200 millones por falla de 2009
Se trata de la mayor multa criminal impuesta a una automotriz en la historia de EEUU
El Departamento de Justicia de EEUU ha llegado a un acuerdo con Toyota para zanjar una investigación -que se ha extendido cuatro años- sobre si la automotriz japonesa engañó a sus clientes y las autoridades con los problemas de repentinas aceleraciones de sus coches. El acuerdo, que ha presentado esta mañana el fiscal general Eric Holder sin maquillar la dureza de sus acusaciones, obliga a la empresa a pagar $1,200 millones.
Según Justicia, esta cantidad es “la mayor multa criminal impuesta a una automotriz en la historia de EEUU. Es apropiado dado el engaño que Toyota perpetró en este caso”. La cantidad es inusualmente elevada, pero también es inusual que en esta ocasión, la empresa ha admitido su ofensa. Normalmente en este tipo de acuerdos las ofensas “ni se admiten ni se niegan”.
Hasta 89 muertes en la carretera se han vinculado a los defectos que la automovilística negó y minimizó públicamente ante los reguladores mientras que, por otro lado, según muestran las evidencias, admitía que los problemas eran importantes.
El problema con los pedales de los aceleradores que se quedaban pegados y las alfombrillas del fondo del carro ya ha costado a la automotriz miles de millones pues al final tuvo que llamar a revisión unas 9.5 millones de unidades. Además la empresa ya ha tenido que pagar las indemnizaciones de algunas sentencias en juicios iniciados por parte de afectados por estas fallas.
Desde el Departamento de Justicia se ha calificado la conducta de Toyota como “vergonzosa”. Holder explicó que la empresa ha mostrado una desconsideración flagrante por las leyes y los sistemas diseñados para proteger la seguridad de los consumidores. Según la admisión de la compañía, protegieron su marca por encima de sus consumidores. Esto constituye un abuso claro y censurable de la confianza pública.
El acuerdo especifica que Toyota va a ser acusada de fraude pero Justicia retrasará la persecución de este crimen por tres años siempre y cuando la empresa cumpla con el acuerdo y continúe cooperando con las autoridades federales.
