El chavismo apuesta por la represión militar

Gobierno de Maduro encarcela a dos alcaldes opositores y reprime a estudiantes

Manifestantes opositores se enfrentan a miembros de la Policía Nacional Bolivariana, tras una concentración convocada por las organizaciones opositoras estudiantiles en Caracas, ayer.

Manifestantes opositores se enfrentan a miembros de la Policía Nacional Bolivariana, tras una concentración convocada por las organizaciones opositoras estudiantiles en Caracas, ayer. Crédito: EFE

El chavismo ha apostado de forma contundente por la represión militar (contra las protestas callejeras) y por la persecución política (contra dirigentes opositores) para aplastar la rebelión ciudadana en Venezuela.

En unas acciones judiciales sin precedentes en la historia del país, dos alcaldes de la coalición democrática fueron encarcelados en la noche del miércoles en la prisión militar de Ramo Verde, la misma en la que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene desde hace un mes a Leopoldo López, dirigente radical de la oposición.

Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, fue sacado a la fuerza de su hotel en Caracas por varios agentes del servicio de inteligencia bolivariano. El alcalde es un símbolo de la resistencia popular en la ciudad rebelde, bastión del antichavismo en Venezuela. En la capital del Táchira, fronteriza con Colombia, donde surgieron las primeras protestas a principios de febrero, tras el intento de violación a una estudiante.

Sus abogados aseguran que se trata de una detención ilegal, sin orden judicial. Ceballos milita en Voluntad Popular (VP), el partido de López. Amnistía Internacional ha lanzado una acción urgente para protegerle: le acusan de rebelión civil.

Cuatro horas más tarde fue Enzo Scarano, alcalde de San Diego y coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Carabobo, quien fue trasladado a prisión tras sufrir un pintoresco juicio exprés en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la corte favorita del chavismo que desde hace una década solo sentencia a favor del Gobierno. Siguiendo el mandato presidencial, el TSJ instó hace una semana a los alcaldes opositores a acabar con las guarimbas (barricadas), pese a que las policías municipales no tienen competencia en orden público.

Scarano fue llamado a la corte el miércoles y, en pocas horas, condenado por desacato a casi un año de cárcel, además de ser separado de su cargo público. Hace solo tres meses fue reelegido con el 75% de los votos. “El único delito que he cometido es haber restablecido el orden sin reprimir a manifestantes”, se defendió.

“Estas son detenciones fascistas, en Venezuela está en desarrollo una situación autoritaria”, denunció el líder opositor Henrique Capriles, que ayer se sumó sin ambages a la concentración de los universitarios. “Nicolás le echó un galón de gasolina a la candela, él es el responsable de lo que pase en el país”, añadió el gobernador de Miranda.

La sociedad civil también reaccionó con indignación ante las noticias que llegaban de Caracas.

En San Diego, los vecinos tomaron las calles y cerraron las vías, iracundos ante la arremetida judicial. El Consejo Nacional Electoral hizo público que prepara unas nuevas elecciones para el municipio.

En San Cristóbal, la ciudad rugió. Desde muy temprano, los famosos guarimberos gochos reforzaron sus barricadas, mientras el pueblo se concentraba en distintos puntos del municipio.

“El Gobierno insiste en profundizar la represión y entorpecer la posibilidad de diálogo sincero”, acusó Provea, ONG de derechos humanos de corte progresista.

Los hechos le dan la razón: la concentración universitaria de ayer fue golpeada por policías y guardias con decenas de bombas lacrimógenas, la habitual represión oficial. La otra, la paramilitar, se desarrolló el miércoles por la tarde en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Las brigadas de choque del chavismo golpearon salvajemente a los estudiantes, con tubos y palos, amenazándoles con armas de fuego. Enviaron a 11 al hospital, y además robaron y desnudaron a varios de ellos.

La rectora Cecilia García Arocha ordenó la clausura de las actividades universitarias tras el “ataque salvaje” contra sus estudiantes. Según el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, la UCV ha sufrido 73 agresiones de grupos paramilitares.

Las imágenes de los jóvenes, sangrando, con brechas en la cabeza algunos, otros desnudos, estremecieron al país. Horror que se repitió horas más tarde, al hacerse público en Youtube otra acción violenta de un policía y varios ultras chavistas contra un estudiante en Aragua: armados con pistolas y a palo limpio contra el joven, que recibió batazos, pedradas y culatazos, salvando su vida de milagro en una nueva prueba de la connivencia entre militantes oficialistas y fuerzas del orden.

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