Legisladores en Puerto Rico declararían una emergencia fiscal

SAN JUAN – La Legislatura puertorriqueña tiene sobre la mesa una medida legislativa remitida por el Ejecutivo para declarar una emergencia fiscal en la isla caribeña, un paso con el que quiere tomar medidas extraordinarias para controlar el gasto público.

Así lo confirmó hoy a Efe Yanira Hernández, portavoz de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza o sede del Gobierno, sobre la medida que radicó el miércoles por la noche el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y que confirmó el director de la Oficina de Gobierno y Presupuesto, Carlos Rivas.

“La medida, que aún no está disponible, se radicó ayer (miércoles) tarde en la Cámara y el Senado“, dijo Hernández, agregando que el viernes comenzarán las vistas en el Senado del presupuesto propuesto también esta semana por García Padilla para el próximo ejercicio fiscal, que comenzará el 1 de julio.

Rivas explicó, en rueda de prensa, que cada agencia y corporación pública deberá que tratar de renegociar sus convenios colectivos y, en el caso de que no lo logre, “tendrá que buscar la manera de llegar a los ahorros”.

“El Gobierno está tratando de ahorrar para pagar deuda. El objetivo es salvaguardar el empleo. Se trata de buscar las medidas más sensibles e inteligentes, es mejor usar un bisturí que un machete”, afirmó.

Entre los cambios que busca el Ejecutivo figura obligar tanto al Gobierno central como a las corporaciones públicas a reducir el bono navideño de los empleados públicos a $600, cantidad mínima que se otorga por ley en el sector privado.

El legislador José Anibal Torres, del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), indicó, en marzo pasado, que el 95 % de los empleados de las corporaciones públicas reciben bonos navideños por encima de los $2,400 y el 52 % superan los $5,000.

Las otras medidas contempladas en la ley son la reducción de compras, la reducción de la nómina de los puestos de confianza, la renegociación de los servicios comprados y profesionales para reducir las tarifas, y la reducción de los presupuestos de la Legislatura y la Judicatura.

García Padilla anunció, el pasado martes, durante su mensaje de presupuesto que su Gobierno operaría el próximo ejercicio fiscal con 900 millones de dólares menos que este año, un recorte que, junto a un plan de reactivación industrial, agrícola y turística, pretende establecer las bases para la recuperación económica de la isla.

El Ejecutivo decidió, además, “consolidar” 25 agencias públicas, decisión que, según Rivas, puede suponer un ahorro de entre cinco y diez millones de dólares.

El presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, aseguró hoy que con estas medidas poco a poco está saliendo a relucir “la verdad de lo que quiere hacer el PPD a espaldas del pueblo”.

Contó que, en febrero pasado, exhortó a García Padilla a declarar una emergencia fiscal, para así poder implantar un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales y no para “atropellar a los servidores públicos ni para despedir empleados transitorios”.

“Hoy vemos cómo a espaldas de nuestro pueblo y sin haber hecho ningún tipo de alusión en su mensaje, presenta legislación para darle una estocada a la clase trabajadora y posiblemente despedir más de 7,000 empleados públicos”, sostuvo.