Advierten del “peligro” en otras zonas

Washington — Armados con cifras y fotos de accidentes químicos, Juan Parra y Yudith Nieto recorren los pasillos del Capitolio en busca de soluciones para más de 134 millones de personas, en su mayoría negros y latinos, que viven en “zonas vulnerables” y cercanas a instalaciones tóxicas en EE.UU.

En entrevista con La Opinión, ambos aseguraron que no quieren más accidentes químicos en sus comunidades.

“Queremos que los legisladores hagan lo correcto y atiendan nuestro reclamo de mejorar las protecciones en nuestras comunidades. No tiene sentido esperar hasta que haya una tragedia que puede ser prevenible”, dijo Parra, director ejecutivo del grupo Texas Environmental Advocay Services (TEJAS), antes de visitar las oficinas de legisladores en estados con “zonas vulnerables”.

Entre los incidentes más sonados figuran el derrame de químicos en enero pasado en Virginia Occidental, que contaminó el agua de 300,000 personas, o la explosión de abril de 2013 en un almacén de fertilizantes en West (Texas), que dejó 15 muertos y destruyó una vecindad entera.

En agosto de 2012, una explosión en la refinería de Chevron en Richmond (California) hizo que 15,000 personas fuesen atendidas en un hospital.

Parra y Nieto viajaron a Washington para la divulgación de un estudio, el primero de su tipo, sobre las 3,433 instalaciones de varias industrias que utilizan o almacenan químicos extremadamente peligrosos.

Esas industrias fabrican sustancias químicas para el tratamiento de agua potable o de aguas negras; la producción de cloro; generadoras de electricidad; refinadoras de petróleo, y productores de papel, entre otros servicios.

El miércoles, ellos y Martha Dina Argüello, de Los Angeles (California), se reunieron con la titular de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, en inglés), Gina McCarthy, para discutir las recomendaciones del estudio.

“Ya se conocen los riesgos en el área de Los Angeles, la pregunta es cuándo se tomarán medidas para impeir incidentes catastróficos”, dijo Argüello, directora ejecutiva de Médicos por la Responsabilidad Social, en Los Angeles.

“Queremos que los legisladores vean cómo vivimos en Manchester, expuestos a tantos químicos, poniendo en riesgo la salud de los niños, de los trabajadores”, dijo Nieto, una activista mexicana de justicia ambiental y residente de la comunidad de Manchester, cerca de Houston, y situada al lado del polémico Canal de Navegación.

Los autores del informe argumentan que algunas instalaciones en la mayoría de las industrias ya utilizan químicos y procesos que reducen o eliminan esos peligros, pero deben adoptarse de forma generalizada.

Para ello, el gobierno federal tiene que tomar medidas que obliguen a las compañías a adoptar métodos más seguros, económicos y eficaces, para el uso o almacenaje de químicos peligrosos.

En la actualidad, no existe una ley o reglamento federal que exija a las empresas realizar evaluaciones plenas o que justifiquen la necesidad de utilizar o almacenar ciertos químicos.

La coalición ambientalista sugiere, entre algunas soluciones, educar al público sobre los peligros químicos e informar a los trabajadores, comunidades y gobiernos sobre cómo prevenir incidentes.

Pero el problema también golpea el bolsillo de los consumidores porque el valor promedio de las viviendas baja sustancialmente en los sitios más próximos a las bardas que rodean esas “zonas vulnerables”.

En general, el valor promedio de una casa se cotiza un 33% por debajo del promedio nacional. Mientras, los ingresos familiares en esas zonas son 22% menores que el promedio nacional.

La tasa de pobreza en esas zonas, además, es el doble que en el resto del país.