Washington – Las “peligrosas” medidas unilaterales de la Administración Obama en materia de inmigración, en particular la “discreción procesal” en las deportaciones, no solo podrían violentar la Constitución sino que dificultan el avance de una reforma migratoria, afirmó este jueves el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte.

Durante una audiencia, Goodlatte criticó la presunta actitud del presidente Barack Obama de que los legisladores tienen que acomodarse a sus decisiones unilaterales “sin precedente”, sobre todo el cumplimiento selectivo de las leyes migratorias, aún cuando el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó de $3,000 millones en 2005 a $5,800 millones en 2013.

Haciéndose eco de su bancada, Goodlatte se quejó de que el Departmento de Seguridad Nacional (DHS) no solo no persigue a los extranjeros “deportables”, incluyendo a aquellos acusados de graves delitos, sino que ha beneficiado a “centenares de miles” de indocumentados con permisos de trabajo y otras medidas administrativas, como el programa de “acción diferida” para jóvenes indocumentados.

Estos esfuerzos, a su juicio, perjudican las posibilidades de que la Cámara de Representantes pueda sopesar una reforma que corrija el maltrecho sistema migratorio.

En la audiencia, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmó que apoya la decisión del presidente Barack Obama de postergar hasta el final del verano los resultados de la revisión de las deportaciones, iniciada en marzo pasado, para dar tiempo y espacio a la Cámara Baja a votar la reforma migratoria antes del receso legislativo de agosto próximo.

En distintas ocasiones acosado por el legislador republicano de Virginia, Randy Forbes, por presuntamente esquivar preguntas, Johnson insistió en que apoya medidas para desalentar la inmigración ilegal, como “Comunidades Seguras”, y mejorar la transparencia de las operaciones de ICE, en particular las políticas del uso de la fuerza.

Aunque sin dar detalles, Johnson explicó que entre los posibles cambios figura un relanzamiento del programa policial “Comunidades Seguras” y un ajuste en las prioridades establecidas en 2010 para las deportaciones.

Fue la primera audiencia de Johnson ante el Comité desde que asumió las riendas del DHS en diciembre pasado, y se realiza en unos momentos en que la Administración Obama es criticada por grupos a favor y en contra de la reforma migratoria. Ante ataques republicanos sobre la puesta en libertad de más de 36,000 indocumentados criminales, Johnson dijo que busca “un entendimiento más profundo” del asunto y forma parte de la revisión en marcha.

Los republicanos de la Cámara Baja ya han dejado en claro que se oponen a la reforma migratoria que aprobó el Senado en 2013 y que prefieren estudiar su propia versión “en retazos”.