¿Control de armas? Legisladores desvían el debate a la salud mental

A la luz de la masacre de Santa Bárbara, legisladores no proponen mayor control de armas sino más tratamientos y ayuda médica

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¿Control de armas? Legisladores desvían el debate a la salud mental
La imagen de un estudiante es reflejada en la vidriera del Isla Vista Deli Mart perforada por los disparos.
Foto: EFE

WASHINGTON D. C. — La reciente matanza en un recinto universitario en Isla Vista, California, es una mala película que, irónicamente, ha insuflado vida al rancio debate sobre el control de las armas pero, en un cambio de táctica, varios legisladores buscan mejorar el acceso a los servicios de salud mental en EEUU.

Ninguna de las medidas presentadas ante la Cámara de Representantes, en pleno año electoral, impone restricciones a la venta o tenencia de las armas, pero son un reconocimiento del papel que puede jugar la salud mental en la violencia derivada de las armas.

Sus partidarios de las medidas creen que, ante la resistencia del Congreso de aumentar el control de armas, estas medidas al menos contribuirán a disminuir la violencia si se mejora el acceso a servicios de salud mental.

En Isla Vista el viernes pasado, Elliot Rodger, de 22 años, acuchilló a tres personas, mató a tiros a dos y atropelló a uno más en cercanías al recinto de la Universidad de California en Santa Bárbara, antes de quitarse la vida. Sus padres habían alertado a las autoridades de que Rodger padecía de problemas psiquiátricos, pero no hicieron nada para vigilarlo.

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Ante semejante situación, el legislador republicano y psicólogo de Pensilvania, Tim Murphy, promueve un proyecto de ley para que los gobiernos estatales modernicen sus normas respecto a la hospitalización obligatoria de pacientes con severos trastornos mentales.

La medida bipartidista de Murphy propone que las familias y los jueces puedan, en ciertos casos, obligar a los pacientes a someterse a terapia y medicamentos por órdenes de un tribunal. En la actualidad, un paciente adulto no puede ser institucionalizado contra su voluntad.

La oficina de Murphy explicó ayer a La Opinión que el legislador cree que es urgente abordar esta crisis porque la gente con graves problemas psiquiátricos no va a desaparecer y necesita ayuda.

Para Murphy, esto quedó claro en California, que tiene algunas de las medidas más estrictas para el control de las armas en EEUU pero que no pudo prevenir la tragedia.

Varios grupos profesionales, incluyendo la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) y la Asociación de Psiquiatría Estadounidense, apoyan la medida de Murphy.

Otra medida, del legislador demócrata por Arizona, Ron Barber, autoriza fondos para las investigaciones y tratamientos de enfermedades mentales, además de promover la educación pública sobre este tema. Su medida también cuenta con el respaldo de organizaciones médicas, que la ven como una inversión necesaria para ayudar a salvar vidas.

Richard Martínez, cuyo hijo, Chris, murió en la matanza del viernes pasado, se ha mostrado indignado con la falta de liderazgo en el Congreso y culpó a “políticos irresponsables” y a la influyente Asociación Nacional del Rifle.

La opinión pública ha asistido impotente a masacres en una secundaria en Columbine (Colorado), la universidad Virginia Tech, en Virginia, una base militar en Fort Hood (Texas), un supermercado en Tucson (Arizona), una sala de cine en Aurora (Colorado) y una primaria en Newtown (Connecticut), entre otras.

En cada ocasión, surge siempre la misma pregunta que se hace Martínez: ¿Cuántos muertos hacen falta para restringir el acceso a las armas?

En el Congreso, sin embargo, no hay apetito para abordar el tema.