Buscan alejarse de la acción migratoria

Gobiernos locales bajan su colaboración con los federales

Los Angeles, CA

Varios grandes condados de California se unieron esta semana a la creciente lista de jurisdicciones que no mantendrán detenidos a migrantes aunque lo pidan las autoridades migratorias, reduciendo notablemente la colaboración de jurisdicciones locales con el gobierno federal que ha permitido mantener un récord en deportaciones.

La lista de condados y ciudades que han tomado este tipo de medida crece día con día, hasta el punto que organizaciones que monitorean el asunto están constantemente actualizándola. Tan sólo esta semana se unieron San Diego, Los Angeles, Orange y Napa en California.

El cambio está ocurriendo principalmente en estados afectados por recientes decisiones de tribunales en Oregon, Filadelphia y Rhode Island, pero también está comenzando a ocurrir en otros lugares, donde no ha habido activismo ni decisiones legales, indicaron monitores del tema. Ejemplos de ello: condado de Shawney en Kansas, o New Orleans, Louisiana.

“Esta tendencia se está viendo en más y más localidades, se está regando muy rápidamente a lugares donde ni siquiera hay activismo. Está claro que muchos departamentos locales están dándose cuenta que este programa no sirve sus necesidades de seguridad pública y los expone a demandas”, dijo Jonathan Blazer, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), oficina nacional.

De hecho, se espera que el gobierno federal responda a lo que está ocurriendo con una “reforma” del Programa Comunidades Seguras, una medida en preparación que el propio Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció hace unas dos semanas a líderes policiales en una reunión con ellos en DC. Aún falta que DHS dé a conocer detalles.

Ron Teachman, jefe de policía de South Bend, Indiana, dijo que el programa no está funcionando a favor de la seguridad pública sino en contra, por el temor de los indocumentados a la deportación a menudo hace que no reporten delitos y que el gobierno debe tomar cartas en el asunto para resolver ese problema.

“El Secretario (Johnson) dijo claramente que no quiere repetir los errores del pasado”, dijo Teachman. “Este programa estuvo plagado de problemas y falta de transparencia desde el principio y en la conversación se dijo que un relanzamiento debía determinar claramente lo que hace y lo que no hace”.

Blazer, de ACLU, indicó que —como mínimo— ICE debería limitar las órdenes de detención a personas convictas de delitos graves, pero que aún así, las localidades serían siendo vulnerables a demandas.

“Nosotros siempre hemos mantenido que es inconstitucional retener en la cárcel a personas que ya cumplieron sus condenas penales”, dijo el abogado.

En cuestión está el uso de los llamados “ICE holds” u órdenes de “retención” que envía ICE a cárceles locales para que mantengan encerrados a determinados reos para que las autoridades migratorias puedan recogerlos e investigar “si son deportables”.

En muchos casos, y en varios litigados en corte, las personas retenidas no eran deportables, de hecho, ha habido varios casos de ciudadanos en esta situación.

Los ICE HOLDS no son órdenes judiciales sino simplemente una solicitud de la agencia, ICE, de que la policía local retenga en su cárcel a un detenido que se ha considerado “posiblemente deportable” al llegar sus huellas digitales a las bases de datos federales.

Varias decisiones recientes de diversos tribunales han hallado que ciudades y condados pueden ser responsables de violaciones constitucionales si honran algunas de estas solicitudes

El futuro del programa Comunidades Seguras, utilizado por las autoridades federales migratorias durante los últimos cinco años para atrapar a cientos de miles de inmigrantes arrestados por policías locales, luce cada vez más incierto en vista de estos cambios.

Varios condados han reportado que la cantidad de migrantes transferidos a ICE se ha derrumbado a raíz de este cambio en política

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