Perdieron los inmigrantes

El crecer no debería ser un motivo de castigo, especialmente para los que están esperando acción por parte de la lenta burocracia migratoria. Incluso cuando la Suprema Corte de Justicia piense lo contrario.

La cuestión es si los menores de edad indocumentados que están tramitando sus papeles pueden mantener su lugar en la lista de espera al cumplir la mayoría de edad, o si al tener 21 años pierden su sitio y deben de ir al final de la línea para comenzar de nuevo.

En respuesta a esta duda, el Congreso creó en 2002 la Ley de Protección al Estatus del Niño donde básicamente establecía cinco categorías preferenciales de transferencia automática. De manera que cuando el menor pasa los 21 años entra a otra categoría reteniendo como fecha inicial del tramite comenzado por los padres. Los legisladores comprendían la injusticia de castigar a estos menores por las demoras de cinco años, 10 ó más.

Para la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) esta ley tiene ambigüedades que decidió resolverlas de la manera más estricta, dejando una sola categoría en vez de cinco. Un tribunal federal de apelaciones rechazó esa interpretación de la ley, mientras que el Alto Tribunal dijo ayer que la BIA, como agencia federal, tenía el derecho a resolver como se le da la gana las ambigüedades de una ley.

Para la minoría, cuya opinión fue escrita por la jueza Sonia Sotomayor, la ley es clara y esas ambigüedades no existen en el estatuto.

En este caso ganó la interpretación restricta del BIA, no porque tenga razón en su punto de vista, sino porque los jueces protegen su decisión sin importar cual sea. Basta declarar poca claridad en una ley y decidir lo que quieran.

El fallo 5-4 es un golpe a la ley cuya intención era proteger a los menores indocumentados y cuyo alcance es ahora cinco veces menor. Es un castigo injusto a los jóvenes que deben ir al final de la línea para comenzar de nuevo a pesar de ya llevar años esperando por sus papeles.

Es una sanción inapropiada porque el retraso es burocrático y la misma burocracia es la que luego decide limitar su interpretación y mandarlos al final, al punto cero, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad.

En esta nota

BIA inmigrantes menores SupremaCorte

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