Rechazan presupuesto

Gobernador de la Isla espera la recuperación económica

El gobernador Alejandro García Padilla firmó ayer los proyectos de ley que componen el presupuesto.

El gobernador Alejandro García Padilla firmó ayer los proyectos de ley que componen el presupuesto. Crédito: <copyrite>internews </copyrite><person>< / person>

San Juan

El nuevo presupuesto de Puerto Rico entró ayer en vigor después de semanas de incertidumbre por el rechazo a los recortes introducidos para presentar unas cuentas sin déficit por primera vez en más de dos décadas.

Puerto Rico cuenta para el año fiscal que comienza con un presupuesto de $9,565 millones que iguala ingresos y gastos y que se logró aprobar a horas de la fecha límite para la ratificación de las cuentas que regirán durante los próximos doce meses.

Los legisladores tuvieron que hacer difíciles encajes en medio del rechazo de los trabajadores de corporaciones públicas, que ven mermados sus derechos adquiridos, y la advertencia de las grandes empresas foráneas contra la Ley de Ajustes al Sistema Contributivo que grava las ventas de las compañías que operan en la isla.

El presupuesto supone $75 millones menos que el propuesto por el gobernador Alejandro García Padilla y destina $775 millones para el pago de la deuda, que supera los $72,000 millones.

El legislador Carlos Vargas Ferrer, promotor de la iniciativa, justificó el impuesto como una forma de que algo del dinero que se genera en Puerto Rico rinda tributo antes de salir de sus fronteras.

El estreno del presupuesto fue acompañado de varias protestas contra el Ejecutivo, como la protagonizada por centenares de vehículos de transporte escolar, que se concentraron frente al Departamento de Educación en San Juan para mostrar su rechazo por no renovar los contratos con centenares de transportistas escolares.

La iniciativa del Gobierno se apega a un estudio del Departamento de Educación que señala que esa agencia pagaba hasta un 30 % por encima de la media del mercado a los contratistas, una carga a las finanzas públicas a la que se ha querido poner fin

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