Miedo a las ‘maras’ no convence a jueces

Jueces en EEUU no aceptan el argumento para dar asilo a centroamericanos
Miedo a las ‘maras’ no convence a jueces
Byan, un guatemalteco que ha luchado durante seis años por un caso de asilo político.
Foto: Emilio Flores/La Opinión -

Bryan V. sabe de primera mano lo difícil que es para un centroamericano ganar un caso de asilo en Estados Unidos teniendo como argumento el estar huyendo del de reclutamiento, extorsión o persecución de las maras,

A pesar de que las maras destruyeron su vida en Guatemala y lo obligaron a escapar dejándolo todo, ningún juez en este país le ha sido favorable en su lucha legal de seis años por lograr asilo.

Hace apenas un mes, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones dijo de nuevo que su caso no procede porque no pudo probar que la persecución fue personal ni que ocurriría de nuevo en el futuro. Sin embargo, para Bryan, (nombre ficticio de un caso real) volver a Guatemala sería lo mismo que una condena a muerte.

“Desgraciadamente el sistema de mi país no funciona, no hay justicia y la violencia está a la orden del día”, dijo el joven guatemalteco, quien ahora es enfermero en Los Ángeles. “Yo tuve que dejarlo todo. Cuando las maras comenzaron a perseguirme llegaron a sacarme hasta el 80% de mi salario para protegerme supuestamente de otras maras. Ellos saben todo de uno, hasta más que tu familia y esa información la usan para cobrar mensualmente so pena de las consecuencias”.

Casos como el de Bryan son cada vez más frecuentes en los tribunales migratorios y federales en EEUU, pero una mirada a los archivos de casos decididos por la Junta de Apelaciones de Inmigración y los Tribunales Federales confirma que no son nada fácil de ganar.

El sistema de asilo de EEUU se estableció para proteger a grupos sociales perseguidos y amenazados en sus países, pero abogados de inmigración consultados reportan que, hasta ahora, este tipo de casos no han tenido mucho éxito en lograr esa protección.

Esther Valdez, abogada de inmigración en San Diego, indicó que desde hace dos años y medio ha visto un aumento en la cantidad de casos de centroamericanos que llegan huyendo de las maras y el de los mexicanos que huyen del narco.

“La tasa de aprobación de estos casos hasta ahora es muy baja”, dijo Valdez, explicando que los jueces encuentran difícil conectar la persecución de pandillas con la pertenencia a un grupo social particular, necesario para que las víctimas puedan reclamar protección. Además piden demostrar que el gobierno está involucrado, sea por acción o inacción.

Expertos legales sostienen que parte del problema es el gran escepticismo que hay respecto a la gravedad de la situación en esos países. “Son países vecinos, democráticos, no piensan que puede existir un nivel de peligro como el de Siria o Sudán, pero estamos viendo violencia diaria que es comparable”, agregó Valdez.

“Los precedentes hasta ahora son pocos”, indicó Marty Rosenbluth, director ejecutivo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en Carolina del Norte. “Los jueces alegan que el caos es generalizado y que no necesariamente las personas están amenazadas particularmente sino en general”.

Pero algunos abogados han comenzado a lograr cambios, demostrando que sus representados sí tienen razones personales para temer por sus vidas. La diferencia, insisten, es en la buena preparación del caso y demostrar el por qué cada individuo tiene circunstancias especiales.

Según Edgardo Quintanilla, abogado de Los Ángeles, las cortes han sido favorables a casos de personas perseguidas por testificar contra las maras. En febrero pasado el Noveno Circuito decidióa favor en el caso de Rocío Henríquez Rivas, quien a los 12 años presenció el asesinato de su papá por maras en El Salvador y testificó contra los culpables. Cuando uno de los mareros salió en libertad, la amenazaron de muerte y ella huyó hacia EEUU.