‘Deportación acelerada’

WASHINGTON, D.C.— Dos congresistas de Texas, uno republicano y otro demócrata, presentarán hoy martes un proyecto de ley bipartista para que los menores centroamericanos sean tratados por el gobierno estadounidense igual que los mexicanos o los canadienses cuando cruzan ilegalmente la frontera: deportados inmediatamente.

Con el proyecto de ley HUMANE (Ayudando a Menores No Acompañados y Mitigación de Emergencia Nacional) el congresista demócrata Henry Cuellar y el republicano John Cornyn pretenden resolver la crisis humanitaria en la frontera sur de EEUU ante la llegada en los últimos 8 meses de 57 mil menores indocumentados sin padres o tutores.

El gobierno puede deportar inmediatamente a niños indocumentados mexicanos o canadienses, ya que ambos países comparten frontera con EEUU, pero en el caso de los centroamericanos o de otros países es un juez de inmigración quien decide si deben ser o no deportados, esto debido a la ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA) de 2008.

Esta legislación, aprobada durante el gobierno de George W. Bush, impide la deportación acelerada de niños migrantes indocumentados originarios de países no fronterizos con EEUU, pero Cuellar y Cornyn quieren modificarla.

Gracias a esta legislación, los niños centroamericanos pueden quedarse en EEUU meses o incluso años antes de que un juez decida sobre su caso de deportación.

Si la propuesta de ley de estos dos congresistas texanos es aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente Obama, los menores no acompañados tendrán su audiencia en el tribunal de inmigración en el plazo de siete días después de que hayan sido procesados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Si no cumplen los requisitos para quedarse en el país, serán deportados.

Cuellar y Conryn tambien proponen el nombramiento de 40 nuevos jueces de inmigración para poder manejar el alto volumen de casos pendientes de resolución y la asistencia legal gratuita para estos niños.

En la actualidad hay solo 260 jueces de inmigración que trabajan en 59 tribunales de inmigración repartidos por todo el país y hay 375,503 casos pendientes de resolución, según datos de la Universidad de Siracuse. El tiempo medio de espera es de 587 días.

La asistencia legal no está actualmente garantizada por ley, por lo que muchos niños se ven obligados a defender su caso ante el juez de inmigración sin ayuda de un abogado, lo que perjudica sus posibilidades de quedarse a vivir legalmente en Estados Unidos.

La Casa Blanca, por su parte, se ha mostrado abierta a “reescribir la ley de 2008 o redactar una nueva ley”, según señaló ayer su portavozJosh Earnest.

El Caucus Hispano se ha pronunciado en contra de la posibilidad de cambiar la ley para acelerar la deportación de los menores.

Obama, recibirá este miércoles al Caucus Hispano del Congres para conversar sobre el sistema de inmigración en el país y la crisis generada por la llegada masiva de niños centroamericanos a la frontera sur. Se espera que en la reunión conversen sobre las acciones ejecutivas que el mandatario ha prometido tomar a finales de este verano para arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración.

Algunos miembros del partido republicano están condicionando la aprobación por parte del Congreso de los fondos adicionales por $3,700 millones que ha solicitado Obama para atajar esta crisis, a la modificación de la legislación de 2008.