Denuncian que discriminación sigue aún viva

Buscan detener excesos policiales contra inmigrantes

La semana que viene, varias organizaciones pro inmigrantes harán una presentación ante el Departamento de Justicia (DOJ) denunciando abusos de autoridad y discriminación policial contra latinos en Long Island.

Los denunciantes pedirán especialmente un mayor esfuerzo policial para resolver la muerte de José Sánchez, un salvadoreño que apareció sin vida en la localidad de Shirley en 2010. El caso fue clasificado como homicidio cuando la autopsia determinó que Sánchez murió por desangramiento interno. Cuatro años después, no se ha detenido a ningún sospechoso y el caso sigue abierto.

Según las organizaciones, los abusos de uniformados han seguido produciéndose a pesar del acuerdo alcanzado entre el DOJ y el Departamento de Policía del condado de Suffolk (SCPD) luego de la muerte del inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero en noviembre de 2008.

El pedido hace también hincapié en crímenes de odio que llevan años sin resolución. Según los demandantes, la policía no ha hecho lo suficiente por resolverlos.

De acuerdo con el mencionado acuerdo, el SCPD se comprometía a mejorar su relación con la comunidad inmigrante mediante cursos de sensibilización cultural y la implementación de servicios policiales español, entre otras medidas.

El SCPD se vio obligado a aceptar este acuerdo luego de la investigación federal desencadenada por el asesinato de Lucero, que murió apuñalado durante un ataque de adolescentes que se dedicaban a agredir a inmigrantes por deporte en la localidad costera de Patchogue.

Docenas de inmigrantes señalaron entonces que habían reportado estos hechos en el pasado a la policía, y que ésta no había hecho nada.

El acuerdo parecía ser un gran paso adelante, pero este año casi una veintena de latinos indocumentados se han quejado de robos de dinero por parte de oficiales que les ordenaban detener sus autos para revisar sus licencias.

Hasta ahora sólo un policía, el sargento Scott Greene, ha sido arrestado y sometido a cargos en enero después de videocámara robando $100 a un detective encubierto.

“Está claro que el acuerdo todavía no ha logrado que el SCPD identifique y señale a los oficiales que están cometiendo abusos contra latinos, ni que se resuelvan los asesinatos pendientes”, dijo Juan Cartagena, presidente de la organización de defensa legal de derechos civiles Latino Justice. “Ya no confiamos en ellos y necesitamos que el DOJ tome cartas más serias en el asunto”, concluyó