Pobreza y encarcelación masiva

Muchos de quienes trabajamos en el sistema criminal judicial hemos llegado a entender la conexión profunda entre la pobreza y la encarcelación masiva. En pocas palabras, a los individuos con condenas criminales y con historiales de encarcelación les es difícil entrar en la fuerza laboral y sostener a sus familias.

Una respuesta obvia a este problema es encarcelar a menos personas.

La encarcelación masiva tiene una dimensión local significativa. Desde el 30 de junio del 2013, aproximadamente 731,208 personas en los EE.UU. estaban confinadas a cárceles locales; 11.7 millones de personas estaban encarceladas en cárceles locales en algún momento el año anterior.

Muchas de las personas encarceladas son elegibles para salir pero no pueden pagar la fianza, y la gran mayoría de las acusaciones es por delitos relativamente leves.

En muchos casos, el uso de cárceles hace que nuestra sociedad sea menos segura: informes revelan constantemente que la encarcelación no disuade de delinquir nuevamente, y algunas investigaciones indican que el encarcelamiento aumenta las probabilidades de reincidencia. Hay una oportunidad inmediata para redirigir a un gran porcentaje de la población estadounidense encarcelada sin aumentar el riesgo a la seguridad pública.

Brooklyn Justice Initiatives (BJI) en Nueva York intenta forjar un conjunto nuevo de respuestas a las ofensas leves, reduciendo el uso de las cárceles al proporcionar a los jueces alternativas responsables efectivas y rentables basadas en la comunidad.

Desde hace un año, BJI ha redirigido a 557 individuos de las cárceles, incluyendo a Rick, de 21 años de edad, acusado con un cargo de daño criminal, un delito que conlleva hasta un año en la cárcel. Rick no podía pagar la fianza, pero estaba dispuesto a cumplir con las condiciones de la supervisión, por lo cual el juez lo dejó salir en la custodia de BJI.

El joven participó en servicios educacionales y nunca faltó a ninguna comparecencia ante la corte. Después de dos meses, su caso criminal fue desestimado y sellado.

Megan, de 17 años, fue acusada de asalto. Tenía un historial de trauma sexual y problemas académicos. Ella logró arreglar su situación, y siguió sus metas académicas y profesionales libre de una condena criminal.

Sin BJI, Rick y Megan probablemente hubiesen servido condenas en Rikers Island, la cárcel de Nueva York, donde el costo anual para la ciudad es $168,000 por preso.

Brooklyn Justice Initiatives (BJI) ha demostrado que las alternativas al uso de las cárceles es una solución práctica y de gran alcance