Rescatistas del 9/11 buscan regularizar estatus migratorio
Indocumentados temen no volver a ver a sus familiares en el extranjero
Rubiela Arias, Elizabeth Peláez, Nayibe Padredin y José Emilio Gaviria participaron en las labores de limpieza de la Zona Cero tras los atentados terroristas. Crédito: Mariela Lombard / EDLP
@c_loboguerrero
La colombiana Nayibe Padredin (75) sufre de asma, reflujo gástrico, migraña y sinusitis crónica, entre otros padecimientos provocados por los químicos tóxicos que inhaló trabajando en las tareas de limpieza de la Zona Cero, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sus padecimientos le hacen temer por su vida porque siente que su salud se deteriora cada día, pero su angustia más grande es la de morir sin poder abrazar a sus cuatro nietos que viven en su tierra natal. “Me aterra no poder ir a verlos”, dijo la caleña.
Pese a que participó por varios meses en las heroicas tareas de limpieza del World Trade Center luego de los ataques terroristas, Padredin no se puede mover del país por ser indocumentada.
Ella es una más entre muchos inmigrantes – podrían ser más de 2,000 según algunas estimaciones – que quedaron con graves enfermedades físicas y mentales tras participar en las tareas de rescate y limpieza, y que ahora abogan ante las autoridades por una ley que les permita legalizar su situación inmigratoria.
“Una permanencia legal es lo mínimo que nos merecemos todos los que trabajamos en la Zona Cero y por cuya causa tenemos serios problemas médicos”, dijo Rubiela Arias (47), quien desde que llegó a Nueva York en 1998 no ha podido ir a su natal Medellín, Colombia, donde tiene a su familia.
Arias trabajó limpiando escombros, entre septiembre de 2001 y marzo de 2002, y después de estar expuesta a sustancias como asbesto y plomo, fue diagnosticada con reflujo, asma crónica, problemas con la piel y fibromialgia (dolor muscular), por lo que toma 16 medicamentos.
“Tenemos cobertura total en atención médica y medicina, pero vivimos en la incertidumbre de la deportación”, sostuvo Arias, para quien todavía está latente el olor a quemado, las sirenas que sonaban cada vez que encontraban un cadáver y el denso polvo. “Es una pesadilla que no tiene fin”, describió.
Las víctimas consultadas por El Diario dijeron haber recibido entre $25,000 y $30,000 de indemnización de las compañías que les contrataron. Además, esperan obtener alguna compensación a través de la Ley Zadroga, aprobada en 2011, que provee un fondo para rescatistas y trabajadores de limpieza. Las víctimas dijeron desconocer el monto total, ni cuando les será otorgado.
El colombiano José Gaviria (64) indicó que toda ayuda es buena, pero de poco les sirve si viven con la constante zozobra de ser deportados. “El dinero no lo es todo, es más importante poder ir a visitar nuestras familias”.
