Fosas de la muerte invaden el Cerro Grande

Iguala, México

El olor pútrido, una mezcla de basura orgánica y estiércol, aún se expande por los senderos de Cerro Grande, al poniente de esta ciudad, donde las autoridades encontraron 28 cuerpos que presumen como posibles restos de algunos de los 43 normalistas desaparecidos mientras padres de estudiantes y grupos de la Policía Comunitaria iniciaron su propia búsqueda.

Dicen que “no es la primera vez que en el país dan gato por liebre” y que ellos harán su parte aun cuando la participación de un grupo de forenses argentinos en la identificación de los cuerpos para los próximos días les da cierto ánimo.

“Vamos a rastrear cerro por cerro y a buscar a los normalistas y todos los nuestros que han desaparecido durante años”, dijo Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones Populares de Guerrerro (UPOEG), una de las dos organizaciones de autodefensas que operan en la entidad.

La otra agrupación, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), culpó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de la persecución política contra opositores y enlistó dos masacres y 30 líderes comunitarios desaparecidos, por igual normalistas, ecologistas, diputados, cafetaleros y normalistas.

La Policía Comunitaria llegó esta ciudad desarmada y pasó de largo la estrecha brecha que lleva al paraje estepario donde se supone que los policías municipales corrompidos por el crimen organizado llevaron a los estudiantes, entre piedras, parotas, guamúchiles y arbustos espinosos.

Al Cerro Grande (ubicado a 1,800 metros sobre el nivel del mar), sólo se puede entrar a pie una vez que termina la brecha de terracería: 20 minutos cuesta arriba hasta donde están las once fosas clandestinas que aún siguen vigiladas por una docena de policías estatales y ministeriales armados hasta los dientes.

Subir 28 cadáveres hasta ese punto sería una misión para al menos 56 hombres, a menos que las víctimas hubieran llegado por su propio pie para ser ejecutados, calcinados y lanzados a la tumba como carne para “barbacoa” como supone una de las hipótesis oficiales. “No confiamos en la versión de que los cuerpos de nuestros compañeros estén en la fosa de Iguala”, insiste Cipriano Bernardo, uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que participó en la marcha del pasado 26 de septiembre en esta ciudad, cuando los municipales les dispararon y mataron a seis.

“Ha muerto tanta gente en esa zona que esos restos podrían ser de cualquiera”.

En los últimos dos años, el estado de Guerrero encabezó la lista nacional de inseguridad en el país con asesinatos, secuestros y desapariciones.

“Todos sabíamos lo que estaba pasando: de pronto secuestraban a un comerciante, o mataban a un vecino o veíamos a hombres armados, pero no dijimos nada por miedo, porque tenemos padres, hijos, hermanos”, dijo Rita Sánchez, de 31 años, habitante de la región.

“Además, ¿a quién íbamos a acudir? si se sabía que las autoridades era parte de la delincuencia”